Despropósito jurídico durante el estado de alarma
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A mi juicio

Sergio Castro González
El blog de Sergio Castro González en Tribuna

Despropósito jurídico durante el estado de alarma

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Dado el estado de alarma en el que nos encontramos y a consecuencia del obligatorio confinamiento en nuestros hogares, en los que ya vamos por la tercera semana, se hace imprescindible la toma urgente de medidas para intentar paliar los devastadores efectos que esta pandemia esta ya provocando en muchas familias, trabajadores, autónomos y empresas.   

 

Hasta aquí todos estamos de acuerdo.  

 

Bien, uno de los principios básicos sobre los que se asienta nuestro ordenamiento jurídico, es el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución

 

Este principio, como bien señaló el Tribunal Constitucional, entre otras, en su sentencia de 15 de marzo de 1990: “implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas (...).”  

 

Más claro, agua.

 

Sin embargo, en los últimos días estamos asistiendo a un esperpéntico goteo de medidas de lo más dispares, que son publicadas apenas minutos antes de su entrada en vigor. Y posteriormente, concretadas, modificadas y endurecidas a los pocos días. Con los operadores jurídicos y los ciudadanos sin saber a qué atenerse y si les afecta o no las medidas implantadas por el gobierno. La seguridad jurídica brilla por su ausencia.

 

Este despropósito jurídico, que no justifica el estado en el que nos encontramos, trae causa a su vez en otros dos sinsentidos.  

 

En primer lugar, las medidas primero son anunciadas en comparecencias tan largas como huecas, y posteriormente son reguladas mediante la figura del Decreto-Ley, que al fin se utiliza para su finalidad: la regulación de medidas de extraordinaria o urgente necesidad.

 

Y, en segundo lugar, la manifiesta división del gobierno enfrentado en dos bandos bien diferenciados, con ideologías encontradas -al menos, en principio- sobre el modo de solventar esta crisis sanitaria y económica sin precedentes.

 

La única explicación plausible a este disparate, es la existencia de una lucha de poder en el seno de gobierno de coalición, en la que los socialistas anuncian en sus comparecencias de prensa una serie de medidas antes de consensuarlas.

 

Mientras que Unidas Podemos aprovecha la excepcionalidad de la situación y su posición en el gobierno para influenciar la política económica del ejecutivo e imponer medidas afines a su ideología abiertamente extremista

 

Y en este contexto, el Sr. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, no se le ocurre otra cosa que lanzar un tweet incendiario: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Un malicioso brindis al sol que pone en guardia a todo el sistema empresarial y productivo español cuando más certidumbre se necesita.

 

¿Dónde está la seguridad jurídica?

Comentarios

Marcelino 03/04/2020 12:40 #2
Bien escrito que no se piense, que esto es Venezuela. Nuestra constitución todavía está por encima de el.
@AIf0ns0 01/04/2020 11:02 #1
Recomiendo al comunista Pablo Iglesias que se lea el Artículo 33, que dice: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.” Menos amenazas, caperú.

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