El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da un nuevo tirón de orejas a la Justicia española
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A mi juicio

Sergio Castro González
El blog de Sergio Castro González en Tribuna

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da un nuevo tirón de orejas a la Justicia española

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Tras la reciente sentencia de 9 de julio de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que se pronunció contra la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en relación a los acuerdos suscritos entre los consumidores y los bancos para la eliminación o reducción de la cláusula suelo.

 

El pasado jueves 16 de julio, el TJUE ha vuelto a dictar sentencia.  Esta vez sobre los asuntos C-224/19 y C-259/19, que se resuelven las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Palma de Mallorca y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta.

 

Dichas cuestiones prejudiciales giran en torno a la interpretación del TJUE de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el marco de procedimientos referidos a prestamos hipotecarios.

 

En concreto, son varios las cuestiones sobre las que se pronuncia la citada sentencia. Vayamos por partes.

 

En relación al reparto salomónico de gastos hipotecarios -notaría, gestoría, tasación y registro- establecido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, el TJUE muestra su disconformidad “a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de dicha cláusula.”

 

Es decir, que una vez declarada nula una cláusula, se deberían devolver todas las cantidades abonados por el consumidor en aplicación de dicha cláusula, y no la mitad, como se venían produciendo hasta ahora.

 

Sin embargo, todavía está por ver la aplicación de la reciente sentencia europea por los Tribunales nacionales, ya que la cláusula de gastos de hipoteca no implica un pago al banco, sino a un tercero. Por lo que su inaplicación también se podría traducir en un reparto de los gastos como se venía haciendo hasta ahora.

 

Respecto a la devolución de la comisión de apertura, que hasta ahora la justicia españoles se mostraba reacia a devolver, establece que “una cláusula de un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y una entidad financiera que impone al consumidor el pago de una comisión de apertura causa en detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido.”  

 

En este sentido, la justicia europea abre la puerta a la reclamación de la comisión de apertura, siempre y cuando el banco no acredite que dicha comisión se fundamente servicios prestados y gastos sufragados por el propio banco. Y además, dicha cláusula no cumpla los criterios de transparencia.

 

También se pronuncia la sentencia sobre el plazo de prescripción en el ejercicio de la acción de reclamación de las cláusulas abusivas. Bien, la Directiva no se opone “a que el ejercicio de la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual abusiva quede sometido a un plazo de prescripción, siempre que ni el momento en que ese plazo comienza a correr ni su duración hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho del consumidor a solicitar tal restitución”.

 

No obstante, la sentencia no establece nada sobre el computo de dicho plazo de prescripción, que en ningún caso podrá limitar el ejercicio de la acción judicial del consumidor.

 

Por último, la sentencia también muestra su disconformidad “a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales”.

 

            Como vemos, nuevamente la justicia europea acude en defensa de los consumidores frente a la jurisprudencia más restrictiva del Tribunal Supremo.

 

La razón de la mayor protección que nuestro ordenamiento jurídico nacional y europeo dispensa a los consumidores y usuarios se encuentra en su posición de debilidad frente al resto de empresas que operan en el mercado, particularmente los bancos, cuyas prácticas abusivas son sobradamente conocidas.

 

Como dijo el presidente J.F. Kennedy en su discurso al Congreso norteamericano el 15 de marzo 1962: Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos” (…) “somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas... pero también el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados” (…) “El Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer progresar sus intereses”.

 

Parece que sus palabras vuelven a estar de actualidad. Tomemos nota.

Comentarios

Juanjo 29/07/2020 22:31 #1
Una precisión lingüística. Las cosas no se ponen en relación "a" otras (galicismo muy feo), sino en relación "con" otras. Está bien dicho también "con relación a ", pero nunca "en relación a"

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