La justicia en tiempos del Covid-19
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A mi juicio

Sergio Castro González
El blog de Sergio Castro González en Tribuna

La justicia en tiempos del Covid-19

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El blog de Sergio Castro en Tribuna de Valladolid.

Encaramos la recta final de este mes de agosto más que atípico y hemos de preguntarnos si realmente la administración de justicia ha avanzado mucho durante la habilitación parcial del mes de las vacaciones por excelencia.

 

Efectivamente, este año se ha suspendido la inhabilidad legal de los días 11 a 31 de agosto. Y, ¿para qué? De poco o nada ha servido.

 

Más allá de tratarse de una medida populista, carente de total efectividad real para la descongestión de una administración arcaica y denostada de los medios adecuados a su importancia en un estado de Derecho. Y cuya finalidad únicamente era justificar ante el ciudadano y de cara a la opinión pública la inexplicable parálisis de la actividad jurisdiccional durante el estado de alarma de casi tres meses.

 

Las consecuencias de dicha medida únicamente las hemos sufrido los abogados y procuradores -quienes nos hemos visto obligados a no bajar la guardia también durante este periodo-. Sin que se haya respetado el periodo mínimo vacacional, ni el derecho a la desconexión digital que cualquier trabajador ostenta: Confróntese el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.

 

No así ha ocurrido con otros operadores jurídicos, a quienes sí se les ha respetado su derecho inalienable al descanso.  

 

En fin. Que agua pasada no mueve molinos. La próxima vez será. O no.

 

En este estado de las cosas, entre los últimos temas de actualidad jurídica destacan especialmente: el traslado de la residencia del Rey emérito, Don Juan Carlos I, a los Emiratos Árabes, tras las recientes noticias sobre las supuestas comisiones no declaradas por su mediación en la construcción del Ave a la Meca.

 

Y las medidas restrictivas de derechos adoptadas por las Comunidades Autónomas y el Estado para frenar los contagios del coronavirus. Singularmente la prohibición de fumar en espacios públicos sin mantener la distancia de seguridad y el cierre del ocio nocturno.

 

En el primero caso, sobre el que volveré próximamente, habrá que respetar el principio de presunción de inocencia del antiguo monarca.

Mientras que, en el segundo, a la ciudadanía le llama la atención -y no es para menos- la radical diferencia de interpretación judicial sobre las medidas adoptadas en los distintos territorios del estado para frenar el coronavirus.

 

Así las cosas, mientras que en Castilla y León esta prohibido fumar en espacios públicos sin respetar las distancias de seguridad y se limita el ocio nocturno. En la Comunidad de Madrid estas prohibiciones se han alzado previa decisión judicial.

 

En este punto hay que recordar que, en la ciencia del Derecho, dos más dos, pueden no sumar cuatro. No obstante, ello expone gravemente al principio constitucional a la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos de España, con independencia de su ubicación o domicilio.

 

Mientras tanto, el ministro de Justicia de vacaciones en la playa y de tertulia con Manuel Chaves, condenado provisionalmente a nueve años de inhabilitación por el caso ERES de Andalucía -ojo, no seré yo quien ponga en duda el principio de presunción de inocencia-, cuya sentencia no es firme y que ha sido objeto de recurso.

 

Y todo ello en vísperas de la apertura de un nuevo año judicial que en realidad nunca ha llegado a clausurarse.

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