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A mi juicio

Sergio Castro González @sergiocastro_3
El blog de Sergio Castro González en Tribuna

La Manada y la Justicia

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De acuerdo a lo establecido en el artículo 117.1 de la Constitución Española de 1978: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

 

La reciente Sentencia 38/2018, de 20 de marzo, dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, que condena al ya famoso grupo conocido como ‘La Manada’ a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016.

 

No son pocos, los -muy- indignados a raíz de la mediática Sentencia, en base a los “sólo” nueve años de prisión a los que han sido condenados estos individuos, en lugar de a los 22 años y 10 meses que pedía para cada uno de ellos el Ministerio Fiscal por un delito continuado de agresión sexual (entre otros).

 

Pero, ¿cuál es la diferencia entre abuso y agresión sexual? Bien, ambos delitos vienen regulados en el Título VIII del Código Penal sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, por lo que protegen el mismo derecho: la libertad sexual. Sin embargo, la diferencia entre ambos tipos delictivos es muy sustancial, y se encuentra en el modo en el que haya sido cometido el delito.

 

Así, cuando se haya producido con violencia o intimidación, nos encontraremos ante un delito de agresión sexual, y cuando se haya producido sin violencia o intimidación y sin consentimiento de la víctima, estaremos ante un delito de abuso sexual.

 

Las penas que llevan aparejadas uno y otro delito son muy dispares. Así las cosas, cuando nos referimos al tipo agravado de la agresión sexual, producido mediante acceso carnal a la víctima (violación), se castiga con pena de prisión de seis a doce años. Mientras que si hablamos de abuso sexual, la pena es de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.

 

No cabe duda que ambos delitos, por su propia naturaleza despreciable y deleznable, reciben -afortunadamente- el adecuado desvalor que merecen por parte de toda la sociedad.

 

No obstante, a raíz de los hechos enjuiciados en esta Sentencia, así como en otros casos -desafortunadamente- de dominio público y de sobra conocidos por todos, es legítimo preguntarse si quizá, los castigos previstos en nuestras leyes penales para estos delitos son demasiado blandos. Sobre todo habida cuenta del bajo o nulo índice de reinserción de estos “sujetos”, una vez que han cumplido la pena de prisión a la que han sido condenados y son liberados.

 

La respuesta únicamente la tiene la propia sociedad en su conjunto. Quien, a través de los mecanismos democráticos constitucionalmente previstos, elige mediante sufragio universal a los políticos y dirigentes que redactan y aprueban las leyes por las que nos regimos.

 

Volviendo al artículo citado al principio de este artículo, y aunque la Justicia emana del pueblo, conviene recordar que son los Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley -de carrera- quienes la administran. Ellos, en su independencia, puesta en duda por el Sr. Ministro de Justicia, cumplen con su función: Juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Para lo que únicamente están sometidos al imperio de la Ley. Dejemos que hagan su trabajo.

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