La necesidad de la administración de Justicia
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A mi juicio

Sergio Castro González
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La necesidad de la administración de Justicia

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Como buen estado de Derecho, en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra prohibida la autotutela, esto es, tomarse la justicia por su mano, al estilo de la ley del talión: Ojo por ojo y diente por diente. ¿Se imaginan un estado en el que cada ofendido o perjudicado se cobrase su propia justicia?

 

ello, el artículo 24 de la Constitución consagra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el siguiente sentido: Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Este derecho inalienable se traduce en el acceso de los ciudadanos a la justicia en defensa de sus derechos e intereses mediante el debido proceso y conforme a unas reglas preestablecidas. 

 

Para ello el estado tiene que dotar a los ciudadanos un sistema legal con las debidas garantías que permita que se haga justicia de forma efectiva, no sólo declarativa (que se nos dé la razón) sino también ejecutiva (que se cumpla la sentencia), de ahí que la labor de los jueces no sea solo juzgar, sino también ejecutar lo juzgado.

 

La administración de justicia es, por tanto, un servicio esencial en todo estado democrático y derecho como el nuestro.

 

La excepcional crisis sanitaria que estamos viviendo amenaza con colapsar -aún más- una administración de por sí aquejada de males endémicos desde hace tiempo.

 

Ante esta situación en la que nos encontramos, al borde del precipicio, el gobierno ha aprobado un Decreto-ley de medidas urgentes para intentar paliar las consecuencias de la paralización prácticamente total de la justicia, durante un periodo que se va acercar a los dos meses.    

 

En algunas de estas medidas se ha denostado la opinión de los principales operadores jurídicos: Asociaciones mayoritarias de jueces, colegios de abogados, procuradores, graduados sociales, etc. Y otras denotan una falta de conocimiento, cuanto menos llamativa, de los verdaderos problemas de la administración de justicia en nuestro país, y no me refiero sólo a la evidente falta de medios humanos y materiales.  

 

Nadie duda de la imperiosa necesidad de tomar medidas al respecto para intentar reconducir la delicada posición que se avecina en el panorama judicial y que amenaza con arrojar por el desfiladero el derecho fundamental de los ciudadanos a obtener justicia de forma efectiva. Como dijo Séneca hace ya más de dos mil años: “Nada se parece tanto a una injusticia como la justicia tardía”.

 

Sin embargo, ¿no sería mejor una solución consensuada con todos los operadores que trabajan en la administración de justicia? No es tiempo de experimentos. Todos tenemos derecho a la justicia. Luchemos por ella.

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