Ayuntamiento de Zamora denuncia al interventor municipal por pasar, supuestamente, información a un investigado por corrupción
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Ayuntamiento de Zamora denuncia al interventor municipal por pasar, supuestamente, información a un investigado por corrupción

La investigación detecta indicios de que pudo haber proporcionado documentos al jefe del Servicio de Parques y Jardines, relacionado con el caso RAGA.

El Ayuntamiento de Zamora presentó el pasado viernes una denuncia contra el interventor municipal, Francisco Javier López, por proporcionar, supuestamente, información “sensible” al jefe del Servicio de Parques y Jardines, Alberto Vega, investigado dentro del caso RAGA.

 

Según los informes, el interventor asesora al denunciado y puede haber mantenido una actitud proactiva mediante la consulta constante y reiterada de expedientes relacionado con los denunciados, tratando con información reservada en trámite de investigación judicial y que podría haber llevado a preparar sus defensas con carácter anticipado a sus detenciones”, expuso el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

 

Los informes de la UDEF del 23 de agosto y del 28 de septiembre de este año reflejan que existe “cierta relación personal” entre el jefe del Servicio de Parques y Jardines, Alberto Vega, y el interventor municipal, según señaló Guarido. “La Policía dice que lo relevante es que quien asesora a Alberto Vega sea el máximo responsable del control financiero del Ayuntamiento y una de las personas que debería haber detectado las actividades defraudadoras realizadas”, indicó el regidor.

 

El informe emitido por técnicos municipales el 21 de julio de 2021 acreditó que, el interventor, “estando de baja médica, entró de manera reiterada” en los expedientes relacionados con el investigado Alberto Vega y la empresa Grupo Raga, prestadora del servicio de Parques y Jardines. “También efectuó consultas y descargas de documentos individuales y expedientes completos con su empaquetado correspondiente. Todo ello, sin que se encuentre motivo profesional alguno que lo justifique”, relató Guarido.

 

Existen indicios de que Alberto Vega, presuntamente, pudo haber recibido información y documentos del propio interventor, pudiendo otorgar el investigado una sensible ventaje en perjuicio de la administración a la que sirven utilizando las prerrogativas de su cargo, antes, incluso, de su conocimiento por el Juzgado y con la particularidad de que las descargas se efectuaron encontrándose de baja médica el interventor”, añadió.

 

Guarido Viñuela recordó que existe una denuncia de la viceinterventora en el Juzgado número 5 contra el interventor municipal, el 21 de octubre de 2020, al advertir actuaciones que “podrían dificultar las labores de búsqueda de pruebas” encomendadas a la viceinterventora por la Policía Judicial.

 

El interventor concluye el control financiero del consumo de combustible de Parques y Jardines, el primero que lleva a cabo tras un largo período de baja médica, tratando de desactivar la denuncia de la viceinterventora, que había aportado pruebas suficientes para imputar el consumo ilegal de gasolina”, anotó. “Encontrándose de baja médica accedió a expedientes e hizo descargas sin motivo profesional alguno. Puesto en conexión con las conversaciones a las que aluden los informes policiales, justifica la investigación de esa posible colaboración con el investigado”, insistió.

 

En este contexto, el regidor apuntó que “todas las actuaciones contra el grupo Raga se incluyen en un único expediente municipal, que es una documentación muy sensible con estricto acceso reservado a la Secretaría Municipal” y apostilló: “En ese expediente, el interventor municipal entró en numerosísimas ocasiones. No eran consultas casuales, sino reiteradas e intencionadas para mantener un conocimiento actualizado del estado de la gestiones de la UDEF y del Ayuntamiento”.

 

Perfil desactivado

Cuando nos dimos cuenta, hace bastantes meses, desactivamos su perfil al comprobar, a través de la auditoría, que descargaba constantemente expedientes sensibles sin motivos profesionales para ello”.

 

Además, el Ayuntamiento de Zamora trasladó los hechos a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de la Presidencia “por si pudieran ser constitutivos de falta grave por parte de ese empleado público”, con precisión de la presunta vulneración del artículo 82 de la Ley de Función Pública.

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