Castilla y León necesita una verdad sobre lo que pasó en las residencias
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Castilla y León necesita una verdad sobre lo que pasó en las residencias

Efectivos del Ejército de Tierra desinfectan una residencia de Ciudad Rodrigo

Sólo hay algo más importante que aclarar, de una vez, lo que falló en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia: no utilizarlo como arma política en vez de aplicar soluciones.

La comparecencia del Procurador del Común ha devuelto a la actualidad el drama de las residencias de mayores en la primera ola de la pandemia. El virus se cebó con gran violencia en estos centros y entre marzo y abril, cuando la mortalidad fue más importante, la muerte se extendió por centenares de residencias de Castilla y León dejando un reguero de víctimas. Sin embargo, a fecha de hoy no deja de haber controversia sobre datos básicos: cuántos, dónde, en cuántas residencias y por qué.

 

Más de un año después del incio de la pandemia, son preguntas que no tienen respuesta completa, para las que no hay una verdad única y sin discusión. Y va siendo hora de tenerla por varios motivos. En primer lugar, porque es lo prometido. Durante meses la Junta pidió unidad en torno a las instituciones en el peor momento de esta crisis; lo hizo con insistencia y con un compromiso: habría tiempo de pasar cuentas sobre la gestión, para discernir qué se hizo bien y qué se hizo mal. Se haría a su momento, se dijo, y ese momento ha llegado con creces.

 

Es imprescindible, aunque doloroso, echar la vista atrás a lo que ocurrió entonces en las residencias de mayores. Castilla y León fue una de las comunidades más golpeadas por la mortalidad entre la población de mayor edad que residía en estos centros con unas cifras que asustan. Según la Junta, 1.812 residentes fallecieron en los hospitales y otros 1.145 en los propios centros. Pero hay otras cifras. Un informe del Imserso cifraba en 3.987 los mayores fallecidos en residencias de la comunidad con covid confirmado o compatible. Según datos obtenidos por algunos medios del área de transparencia, en 300 residencias fallecieron mayores. Y el Procurador del Común ha metido el dedo en la yaga al relacionar la mortalidad en las residencias con la limitaciónd de derivaciones a los hospitales, algo que el vicepresidente Igea ha calificado de opinión "falta de rigor".

 

La discrepancia en los datos y los análisis evidencia que todavía no hay una respuesta sobre lo que ocurrió en realidad en las resiencias de mayores en los meses de marzo y abril de 2020. Al menos, no una respuesta sobre la que no haya dudas. Lo malo es que la necesaria búsqueda de certezas va a convertirse en arma política. El nuevo equilibrio tras la moción de censura ha reactivado una comisión de investigación que el PSOE ha presentado con el apoyo de una mayoría de grupos, así que es muy probable que salga adelante sin que PP y Cs puedan evitarlo como ya hicieron. La sola confrontación para que se celebre ya es una mala noticia.

 

El Gobierno regional y la oposición harían bien en abandonar la tentación de hacer política con esta cuestión tan dolorosa. En su lugar, deberían dedicar sus esfuerzos a constituir una comisión capaz de determinar qué falló y qué hay que hacer en el futuro para evitarlo, qué cambios necesitan unos centros que se vieron superados y qué mejoras se tienen que implantar. Sin dejar de lado las responsabilidades, pero sin las culpas como único objetivo. Sólo hay algo más importante que aclarar, de una vez, lo que falló en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia: no utilizarlo como arma política en vez de aplicar soluciones. Castilla y León necesita una verdad sobre ese terrible capítulo, no otra algarada política.