El Ayuntamiento sigue intentando cobrar 1,2 millones de euros del 'caso piscinas' tres años después del escándalo

Carbayo

El pleno desestimará un recurso de la empresa, que todavía tendrá una última 'bala' para no pagar. El equipo de Gobierno se ha dejado pasar los plazos para cobrar.

El Ayuntamiento de Salamanca apura el año para intentar resolver de una vez por todas los flecos del 'caso piscinas', nada menos que 1,2 millones de euros que tiene en el aire desde hace tres años, dinero que debía reclamar a la antigua empresa concesionaria de las piscinas municipales y que todavía no ha recuperado. En el último pleno de este año, el consistorio desestimará el recurso de reposición interpuesto por la empresa, a la que todavía le quedará una última bala, un recurso contencioso administrativo. Así que el día de recuperar esos 200 'kilos' se acerca, pero no llega.

 

El proceso ha sido catastrófico porque, primero, el equipo de Gobierno negó que hubiera permitido a la empresa incumplir su obligación de hacer el mantenimiento de las instalaciones; después, hubo que reconocer que fue así y arreglarlas; y por último, disfrazar el 'agujero' como obras nuevas.

 

Sin embargo, todavía estaba pendiente el mayor error en la gestión de este asunto. El equipo de Gobierno del PP se ha dejado pasar todos los plazos y ha permitido a la empresa evitar el pago de la cantidad durante todo este tiempo. De hecho, en julio hubo que volver a reclamar

 

El asunto arranca tras conocerse el mal estado en el que Eulen, concesionaria hasta finales de 2015, dejó las piscinas municipales. El escándalo de falta de mantenimiento de las piscinas municipales le hizo un 'agujero' a las arcas municipales de casi 7 millones de euros. La oposición destapó el asunto y obligó en el pleno a que se reclamara la cantidad de 1,2 millones euros, algo que se aprobó en septiembre de 2015.

 

El expediente para reclamar la cantidad tenía que haberse resuelto en tres meses y se demoró un año, cosa que aprovechó la empresa que oponerse a la reclamación, algo en lo que los juzgados le dieron la razón el pasado mes de marzo. El pasado mes de julio de 2018 se tuvo que volver a aprobar el expediente de reclamación, y se hizo de urgencia y en el último pleno antes de las vacaciones, entre grandes críticas de la oposición, no por la reclamación, sino por la nefasta gestión del asunto.

 

Según la resolución publicada en el BOE, la empresa tenía un mes para poner un recurso de reposición a la resolución del pleno del Ayuntamiento; y dos meses para, en caso de no hacerlo, poner un recurso contencioso administrativo. Ocasiones que no ha desperdiciado hasta ahora. El pasado mes de julio, el juzgado le daba la razón y decretaba la caducidad de la reclamación puesta en marcha por el equipo de Gobierno municipal en marzo de 2017: el Ayuntamiento se había dejado pasar los plazos para recupera 1,2 millones.