El obispo que llevó el caso de abusos del párroco de Tábara hará la nueva normativa eclesiástica contra la pederastia
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El obispo que llevó el caso de abusos del párroco de Tábara hará la nueva normativa eclesiástica contra la pederastia

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. Foto: EP

Juan Antonio Menéndez será el responsable de la comisión eclesiástica que actualizará los protocolos de actuación en casos de abusos a menores. Fue criticado por ocultar el caso del cura de Tábara.

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, será el responsable de la nueva Comisión de trabajo que actualizará los protocolos de actuación de la Iglesia española para responder a los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico y se compromete a responder "a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia". El órgano comenzará sus trabajos esta misma semana, según ha informado la CEE este martes 16 de octubre en un comunicado.

 

El obispo de Astorga fue el encargado de gestionar el caso de José Manuel Ramos Gordón, el expárroco de la localidad zamorana de Tábara, acusado de dos casos de abusos a menores. El obispo Menéndez ha recibido críticas por su gestión de estos casos ya que, en su día, no apartó al cura de la parroquia zamorana por un caso de abusos en el seminario de La Bañeza; el caso sólo se conoció cuando el cura había sido trasladado, según la versión oficial, al obispado para hacerse cargo del área de patrimonio. El traslado se hizo mientras, sin que saliera a la luz pública, se analizaba su caso y posterior condena eclesiástica: el cambio de cargo fue la manera de evitar sospechas.

 

Ramos Gordón era sacerdote de la Diócesis de Astorga y ha sido suspendido por diez años por un caso de abusos sexuales a menores en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabaria (Zamora) entre los años 1981-1984; ha sido castigado con privación del ejercicio público y tendrá que residir en ese tiempo en un monasterio o convento fuera de la Diócesis astorgana. Ya fue suspendido por otro caso en un colegio de La Bañeza, caso que le costó su salida de la parroquia de Tábara donde había ejercido durante dos décadas sin que se conociera su pasado.

 

Además, la comisión trabajará en la redacción de una nueva normativa de la Conferencia Episcopal para la prevención y protección de abusos sexuales a menores, que sustituirá a los protocolos actuales y se adecuará de manera más perfecta al 'Modelo de Directivas' redactado por la Comisión del Vaticano para la Protección de Menores, para responder a los abusos en la Iglesia, con el fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual.

 

En el ámbito de la creación de esta nueva comisión, los obispos se comprometen a seleccionar y formar "cuidadosamente" a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia y a "responder a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia". Asimismo, aseguran que supervisarán y remitirán "a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable". También señalan que procurarán ofrecer un ministerio "apropiado" de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso.

 

Igualmente, asumen el compromiso de "cuidar y educar con respeto" y de "proteger a todos los menores y adultos vulnerables", creando "comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso".

 

La creación de este órgano viene motivada por la convocatoria realizada por el Papa Francisco a los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo para hablar de los casos de abusos en una reunión de carácter privado que tendrá lugar en el Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero de 2019.

 

Con tal motivo, el Comité Ejecutivo, en su reunión de este mismo mes, aprobó la creación de la citada comisión para preparar los materiales de trabajo que presentará el presidente de la CEE, el cardenal Ricardo Blázquez, en este encuentro.

 

La Comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico. Estará compuesta por juristas de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del Servicio Jurídico de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER); y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales.

 

Hasta este momento, la Conferencia Episcopal Española contaba desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico, sobre la forma de proceder en caso de agresiones o abusos sexuales a menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos. Según indica la Conferencia Episcopal, son los ordinarios los que llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, los preceptivos procesos para el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas.