El Procurador del Común recomienda una moratoria y no autorizar más macrogranjas de manera temporal

Protesta por los proyectos de macrogranjas porcinas en Pozuelo de Tábara y Faramontanos.

El defensor del pueblo pide más inspecciones a las explotaciones y medidas a la administración ante el aumento "exponencial" de macrogranjas de porcino: un 42% más desde 2015.

La institución del Procurador del Común, el defensor del pueblo en Castilla y León, ha pedido este miércoles aumentar la inspección y el control de los aspectos medioambientales de las macrogranjas de ganado porcino. Según han informado desde el órgano que preside Tomás Quintana, la Procuraduría inició una actuación de oficio ante las quejas a proyectos de instalación de explotaciones industriales de ganado porcino de "gran tamaño" en varias localidades de las provincias de Zamora y Soria que han derivado a su vez en "numerosas alegaciones y reclamaciones" de ciudadanos y asociaciones ante el impacto medioambiental que podría suponer la proliferación de estas actividades.

 

Tras analizar la documentación remitida, esta institución acreditó que se trata de un "sector pujante", ya que España es la cuarta potencia productora, después de China, EEUU, y Alemania, y que concentra la producción en Cataluña, Aragón, Castilla y León, Murcia y Andalucía.

 

Esto ha derivado en un "incremento exponencial" de las exportaciones, un 42,6 por ciento en el periodo 2015-2019, según sus datos que sitúan las ventas principalmente en países fuera de la Unión Europea, fundamentalmente en China, con un aumento del 50 por ciento en 2018-2019, y en Filipinas, con un 12,4 por ciento más en el mismo periodo), lo que ha determinado el aumento del número de explotaciones de gran tamaño que requieren disponer de una autorización ambiental integrada que debe otorgar la Administración autonómica.

 

Según los datos facilitados por el órgano medioambiental, en la actualidad hay 591 explotaciones de ganado porcino que requieren este tipo de autorización por su capacidad y las dos terceras partes se concentran en las provincias de Segovia (20 por ciento), Soria y Valladolid (16,5 por ciento cada una) y Burgos (14'4 por ciento).

 

En el periodo 2016-2018, se han aprobado 80 proyectos (un 13,5 por ciento del número total -591- existente), de los cuales más de la mitad se encuentran en tres provincias: Salamanca (21), Soria (15) y Segovia (13), "sin perjuicio de las modificaciones no sustanciales de autorizaciones ambientales integradas, y que permiten en la mayor parte de las ocasiones un incremento del número de cabezas de ganado porcino autorizado".

 

Por lo tanto, el Procurador del Común estima que es "aconsejable" la adopción de medidas por los órganos competentes de la Administración autonómica para minimizar el impacto de los purines y del estiércol que se generan.

 

En consecuencia, explican desde la Procuraduría, se formuló una Resolución dirigida a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Fomento y Medio Ambiente, en la que se recomienda la adopción medidas para minimizar el impacto ambiental de estas actividades como fijar un calendario de inspecciones de las instalaciones que albergan las explotaciones porcinas sujetas a autorización ambiental integrada con el fin de comprobar que su funcionamiento se ajusta a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de su sector, solicitando la colaboración de los técnicos de las Confederaciones Hidrográficas en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de las cuencas de los ríos Duero y Ebro.

 

En el caso de que en dicha inspección se compruebe que resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos o que sea necesario implantar mejoras técnicas significativas, o que lo soliciten expresamente los organismos de cuenca, se recomienda requerir al titular de esta explotación para que actualice la autorización ambiental integrada que disponga, implantando las Mejores Técnicas Disponibles del sector porcino recogidas en el Anexo de la Decisión de Ejecución (UE) de la Comisión, de 15 de febrero de 2017.

 

El Procurador del Común también ve preciso que, al haber transcurrido ampliamente el plazo establecido en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la protección contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, la Administración autonómica debe aprobar "a la mayor brevedad posible" tanto el Decreto de designación de las zonas vulnerables a esta contaminación y el Código de Buenas Prácticas Agrarias, como el Programa de actuación preciso para prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario.

 

 

Una moratoria para no autorizar más macrogranjas

 

También cree que debe valorarse la aplicación de una moratoria para la instalación de nuevas granjas de porcino o el incremento de la capacidad de las ya existentes, en aquellas zonas que se declaren vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, "salvo que se adopten medidas por los titulares de dichas explotaciones para minimizar el impacto ambiental".

 

De igual forma, cree que se debería exigir la implementación de herramientas informáticas que permitan controlar el depósito de las deyecciones ganaderas en las tierras de cultivo agrícola, "evitando duplicidades en las declaraciones que presentan a la Administración autonómica los titulares de las explotaciones".

 

Por último, en las zonas declaradas como vulnerables, recomienda aprobar "medidas específicas" de apoyo para garantizar la implantación en ellas de plantas de generación eléctrica o de biogás con el fin de que pueda llevarse a cabo un sistema alternativo del tratamiento que permita reducir la carga contaminante de los purines y deyecciones procedentes de estas explotaciones de ganado porcino.

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