Habla la calle; silencio político

De repente, una oleada amarilla tumba las intenciones de un Gobierno y silencia a un Primer Ministro para dejarle contra las cuerdas. La sociedad francesa ha marcado un camino a golpe de chalecos  y protestas hasta el punto de paralizar un país. Las consecuencias ya son conocidas. En primer lugar, económicas: el sector manufacturero de Francia en diciembre se ha situado en 49,7 puntos, frente a los 50,8 del mes anterior, lo que supone el peor dato en 27 meses, mientras que el PMI del sector servicios cayó a 49,6 puntos desde los 55,1 de noviembre, el más bajo en 34 meses. En segundo, políticas. El mediático Macron ha estado más de una semana sin hacer declaraciones públicas, digiriendo las protestas callejeras como una bofetada a su gestión y, admitiendo, que las reivindicaciones de los chalecos amarillos eran justas hasta el punto de anunciar una subida en el salario mínimo.

 

El debate está en situar el punto de equilibrio entre una reacción popular y la capacidad de los gobernantes para asimilar esos movimientos como un toque de atención o una acción de chantaje planificado.  En Francia ha servido para frenar las intenciones gubernamentales con la sabida de los carburantes, entre otras cosas, y lograr una mejora salarial. Si la solución a los problemas está en la calle, estamos ante un rotundo fracaso del sistema político; si las cesiones son la mejor manera de conseguir un objetivo, el precedente es extremadamente peligroso.

 

El amarillo se ha convertido en un símbolo en Francia y en una amenaza para España. Los lazos independentistas de Cataluña invaden el esencial espacio de la convivencia y ponen en peligro una convivencia amenazada por voluntades inquebrantables. En cierta medida, la situación tiene bastante analogía en cuanto a las consecuencias. En España, ningún Gobierno se ha plegado como Macron, pero tampoco ha dado un paso firme para frenar esta continua actitud chantajista. N siquiera cuando se aplicó, de manera tibia, el artículo 155 en la época de Rajoy. Basta con mirar perplejamente a las intenciones de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona para el que, parece, se necesita pedir permiso  sin olvidarnos de escupitajos en el Congreso de los Diputados y otras actitudes impropias de representantes políticos empeñados en utilizar, ahí lo tienen, la calle como vehículo para transportar sus objetivos.

 

El sistema necesita reforzarse, no hay duda. Y los ciudadanos también estamos ante la necesidad de saber cómo debemos reivindicar nuestras peticiones. La mejor forma es el voto, y un ejemplo reciente está en los resultados de Andalucía. Por supuesto, también sirve la protesta. Pero siempre ordenada, atendiendo a unos principios democráticos que no pueden estar sujetos a pintadas, lazos, barricadas o chalecos amarillos.