La delegada del Gobierno aboga por coordinar esfuerzos institucionales para "ganarle la partida a la despoblación"

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones (Foto: T. Navarro)

Ha realizado un balance tras su primeros seis meses en el cargo en el que ha abordado los diferentes temas que afectan a la comunidad.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha recordado este jueves que la despoblación es "el principal problema que afronta la Comunidad" y ha abogado por coordinar esfuerzos institucionales para "ganarle la partida al reto demográfico". Barcones ha admitido que cuando asumió este cargo no pretendía "ser solo la voz del Gobierno en Castilla y León", sino también trasladar al ejecutivo los problemas de la tierra y proponer soluciones. "Además de la voz del Gobierno, también soy sus ojos y oídos para percibir las necesidades que esta tierra acumula", ha señalado durante un desayuno con los periodistas en el que ha hecho balance de sus seis meses en el cargo.

 

En este sentido, ha recordado que el año 2018 "tampoco ha dado tregua" a la despoblación. "Las cifras y estadísticas son alarmantes pero las proyecciones de futuro son devastadoras", ha indicado. Además, "muchos de los males que sufren los castellanoleoneses derivan de la inacción del Gobierno regional durante los últimos 29 años, en los que un diagnóstico sabido se ha transformado en una enfermedad de difícil solución". Sin embargo, Barcones mantiene el optimismo tras lograr que se asuma la despoblación como un problema de estado ante el cual todas las administraciones deben actuar de forma coordinada en el ejercicio de sus competencias y sin eludir sendas responsabilidades. "Cualquier acción política debe ser transversal y con las miras puestas en ganarle la partida al reto demográfico, que amenaza con convertir la Comunidad en un desierto", ha insistido. Sus esperanzas, ha asegurado, están depositadas en las líneas de actuación que el Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico presentará en primavera y que deben "servir para encauzar la amenaza, así como para evitar que se cumplan los peores augurios".

 

Como delegada del Gobierno, Barcones ha admitido vivir seis meses "muy intensos y apasionantes" que comenzaron tras el "giro radical" que supuso la llegada de Pedro Sánchez para la política española. Desde entonces, la Delegación ha participado en más de 300 actos con repercusión mediática, lo que supone más de 50 actos mensuales y acerca la institución a una media de dos actos diarios. Durante este periodo, la delegada ha recordado que ha permanecido "con los pies en la tierra y pisando barro"; ha recorrido las nueve provincias de Castilla y León, y ha mantenido reuniones con la práctica totalidad de los ministros del nuevo gobierno para desatascar temas enquistados.

 

Asimismo, se ha felicitado por dotar de un perfil político a la Delegación del Gobierno, pues siempre ha entendido la política como "la mejor manera" de transformar la sociedad. "Es necesario que la Delegación ejerza esa influencia política sobre el propio Gobierno central para poder ofrecer unas mejores condiciones de vida a los castellanoleoneses", ha incidido.

 

En cuanto a la línea política que sigue el Gobierno central, Barcones ha subrayado que todas las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han definido como "progresistas, europeístas y feministas" y lo han hecho a través de tres ejes fundamentales: la regeneración democrática, la modernización de la economía y el fortalecimiento de la cohesión social. Por ello, ha resaltado que los habitantes de los pueblos deben tener las mismas oportunidades que aquellos que residen en cualquier ciudad, pues de lo contrario, "no podría hablarse de una España justa, solidaria y cohesionada".

 

En lo referido a justicia social, Barcones también ha destacado la necesidad de restituir a los empleados públicos los derechos que la crisis y las políticas "austericidas" del anterior Gobierno les han "arrebatado", sobre todo, el de no perder poder adquisitivo. Por eso, con la entrada del nuevo año, se ha producido una subida salarial del 2,25 por ciento para todos los empleados públicos, una medida de la que se beneficiarán en Castilla y León 163.000 trabajadores, que percibirán un total de 236 millones de euros más que en 2018.

 

El Gobierno, ha agregado, también respalda a los colectivos más vulnerables, como es el caso de los pensionistas. Así, ha recordado la revalorización de pensiones por encima del IPC, tanto para 2018 como para 2019. En el año recién concluido el incremento de las pensiones se situó en un 1,7 por ciento, mientras que para el presente año la subida será del 1,6. Este aumento afectará en la Comunidad a 608.000 pensionistas, que se distribuirán 125 millones de euros más que en 2019. Por otro lado, ha destacado la decisión del Consejo de Ministros de adoptar la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cuatro décadas, un 22,3 por ciento de incremento hasta los 900 euros y más de 72.000 empleados beneficiados en Castilla y León.

 

Otra de las prioridades de la Delegación, ha añadido, son también los cerca de 147.000 desempleados con los que cuenta la Comunidad. En este sentido, Barcones ha afirmado que el territorio cuenta con "sobrado potencial" para generar riqueza, crear empresas, mantener las actuales y procurar oportunidades a los jóvenes para permitirles arraigarse en la tierra en la que nacieron. De este modo, ha traído a colación el ejemplo de Vestas, en Villadangos del Páramo (León), que debe convertirse en un "referente" para aportar soluciones al cierre de empresas. También ha recordado la situación de Made, en Medina del Campo (Valladolid), cuyas negociaciones permanecen abiertas.


La delegada también ha destacado la "importancia vital" de la agricultura y ganadería para el Gobierno con una postura "clara y en consonancia" con las comunidades autónomas respecto a la Política Agraria Común (PAC) y ha recordado que se trabaja para mantener los cerca de 1.100 millones de euros anuales que llegan a los agricultores castellanoleoneses.


Aunque Barcones no ha podido desvelar lo que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sí que ha apuntado que el Gobierno mantiene el compromiso de poner en marcha el servicio de AVE que conectará Burgos y Valladolid en 2020. Asimismo, en los próximos meses finalizarán dos tramos sorianos de la Autovía del Duero y, según ha avanzado la delegada, los PGE recogerán un "impulso importantísimo" para esta carretera "fundamental" en la Comunidad. También habrá avances en la autovía León-Valladolid y en la autovía Burgos-Aguilar de Campoo (Palencia). Además, está "muy avanzada" la conexión de la A-62 con la A-25 portuguesa. En cuanto al ferrocarril, el Gobierno no olvida su integración en León con el soterramiento completo, además de seguir avanzando para completar la integración tranviaria de Feve.


Por último, Barcones ha agradecido la dedicación y entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes ha trasladado su compromiso de que el número de efectivos se acerque "lo máximo posible" a las plantillas reales, puesto que desde 2011 Castilla y León ha perdido un 7,6 por ciento de agentes de la Guardia Civil y un 14,6 por ciento de la Policía Nacional. Pese a ello, la delegada ha apuntado que la delincuencia ha disminuido y la Comunidad cuenta con uno de los índices de esclarecimiento más altos de España.