La hibernación de la economía por el Covid-19: medidas y sensibilidad

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, protegido con mascarilla durante una visita. Foto: EP

La situación generada por la crisis del coronavirus exige mucho más que estímulos convencionales, a la altura de una amenaza totalmente excepcional.

La crisis económica y social que acompaña a la pandemia por el coronavirus ya ha dejado ver su lado más aterrador. El dato del paro de marzo ha demostrado la capacidad destructiva de las medidas con las que, de manera irremediable, nuestro país ha tenido que proteger su bien más preciado: la vida de todos nosotros, los ciudadanos. Obligados a confinar por completo personas, negocios, empresas e industrias que no sean las imprescindibles, nos enfrentamos a los efectos de la hiberanación económica, un letargo deliberado de duración indefinida.

 

El primer mazazo ha sido más duro que cualquier otro que hayamos experimentado en nuestra historia reciente. En medio mes, el parón preventivo ha marcado el mayor aumento de paro de la historia, dejando muy atrás las cifras de los peores meses de la todavía reciente crisis de la deuda soberana. Y eso sin contar con el efecto de los ERTEs en los que cerca de dos millones de trabajadores se van a ir a casa, al menos, durante lo que queda de estado de alarma. El destrozo es general: la escabechina salpica a todo el ecosistema, desde las grandes marcas y los sectores más potentes a los pequeños negocios y los autónomos.

 

Sabíamos que esto podía pasar y era algo con lo que el Gobierno contaba y que, hasta donde se podia, se había calculado su efecto, porque esta crisis tienen unas dimensiones desconocidas en todos los ámbitos. Al tiempo, se han ido aprobando paquetes de acompañamiento para paliar en lo posible los efectos en la economía. La cifra anunciada, 200.000 millones de euros, se antoja generosa, pero es probable que las necesidades desborden la cuantía prevista. Desde luego que se podrá corregir, al alza, como casi todo en una crisis en la que casi cada hora nos la estamos jugando.

 

Con ese ánimo el Gobierno (y la administración en general) debe ir abriendo espacio a las reivindicaciones, afinando el tiro y acogiendo exigencias de sectores que no quieren nada más que la supervivencia, y que no hacen más que dar la voz de alarma como directos conocedores de su realidad. Impulsar ERTEs (prohibiendo despidos), proteger a los trabajadores afectados con un paro extraordinario, crear subsidios para aquellos colectivos más desfavorecidos, asegurar la conciliación... fueron la base inicial, pero las medidas deben venir acompañadas de sensibilidad, vista y flexibilidad, y de euros.

 

Sensibilidad ante los autónomos, vitales para el tejido empresarial del país, que llevan camino de un mes con sus negocios cerrados a cal y canto y para los que se ha diseñado un paro, pero que tienen que pagar su cuota de Seguridad Social cuando no tienen actividad. Sensibilidad ante pequeñas empresas que tienen que afrontar el trimestre de impuestos sin ingresos, y a los que se debe dar un margen para cumplir sin firmar su sentencia de muerte. Sensibilidad ante los ciudadanos que ven llegar la campaña del IRPF o el pago de impuestos locales sin que siquiera se pueda salir a la calle, por lo que urge ampliar plazos, aplazar pagos o, incluso, perdonar aquellos que tienen que ver con la actividad económica. Las administraciones deben ser flexibles y para ello es necesario escuchar a los que ven llegar su ruina.

 

Esa sensibilidad se traduce en miles de millones de euros, los que Gobierno, comunidades y ayuntamientos deben estar dispuestos a disponer en medidas que deben ser consensuadas a riesgo de saltarse la dieta del déficit y los propios presupuestos. No valen ahora los corsés ni los estímulos convencionales si son necesarios 200.000 millones o los que hagan falta para roteger un bien de primera necesidad: la vida económica una vez salvemos la salud.