La Junta aparca por "prudencia" la aplicación del concurso abierto de funcionarios que afecta a 2.700 puestos

La Junta decide aplazar la eficacia del concurso abierto y permanente hasta que haya pronunciamiento judicial: este día 14 de noviembre se publicará en el Bocyl, pero no tendrá efecto.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, ha informado este martes de que se ha decidido aplazar la eficacia del concurso abierto y permanente de empleados públicos hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo, lo que no impedirá que la resolución definitiva se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) este jueves, 14 de noviembre, fecha marcada junto con los sindicatos como límite.

 

Ibáñez ha manifestado en los pasillos de las Cortes que se trata de una decisión adoptada en base al principio de "prudencia" y ha asegurado que es consciente de que "no es la mejor solución". "No había posibilidad de adoptar una buena solución en esta materia pero creemos que es la que, prudentemente, debemos adoptar", ha incidido.

 

De este modo, la resolución definitiva indicará a los funcionarios cuál es el puesto que se les asigna, aunque la Junta esperará a que se resuelvan los litigios existentes en los juzgados y en el TSJ en base a un principio de "prudencia y garantías jurídicas" tanto para los afectados como para la propia administración pública. En la actualidad, el concurso tenía una resolución provisional que afectaba a 2.700 personas y que estaba pendiente de resolver con fecha máxima de este jueves 14 de noviembre.

 

Según ha explicado Ibáñez, si los tribunales echaran para atrás el concurso, retrotraer las situaciones personales de los funcionarios -traslado a otra ciudad o adquisición de vivienda- generaría un "grave daño mucho peor de lo que se propone ahora". "No podemos conocer ni ofrecer una fecha porque no depende de nosotros pero la maquinaria de la administración estará preparada para cuando eso ocurra", ha avanzado el consejero, que ha manifestado su compromiso de formar a los funcionarios con adjudicación de puesto en las nuevas habilidades que este pueda requerir.

 

Al aplazamiento del concurso, se añade también una cuestión adicional: otro concurso que procede del año 2014 y que tiene 269 plazas pendientes de un incidente de ejecución de sentencia y que no se publicarán en la resolución definitiva con eficacia aplazada por esa misma cuestión, ha señalado el consejero.

 

Además, aunque ha pedido no anticiparse a resoluciones judiciales, en caso de que estas no dieran la razón a la administración, ha avanzado que habría que aprobar un nuevo concurso y un nuevo catálogo, por lo que se iniciará con brevedad la negociación con las organizaciones sindicales para "eliminar las cuestiones que han generado mayor litigio y que permita avanzar en posiciones más seguras para todos".