La justicia ratifica la condena a los cinco implicados en la 'trama solar' de Zamora

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la condena al exjefe de Industria de Zamora y otros cuatro implicados por la 'trama solar'.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto mantener la condena que la Audiencia de Zamora impuso al exjefe de Industria de la Junta en esta provincia, José Bahamonde Salazar, en concreto su inhabilitación por espacio de dos años para el ejercicio de cargo público, y a otros cuatro implicados por la denominada 'trama solar'. La resolución de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, desestima de este modo las apelaciones contra el fallo que, de idéntico tenor, impuso en junio de 2017 la Audiencia de Zamora tras la celebración de un juicio con jurado popular, según informaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal castellanoleonés.

 

En aquella sentencia, ahora ratificada, se declaró a Bahamonde responsable de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios por el que deberá pagar 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros. Además, fue penado como autor criminalmente responsable de un delito de cohecho con el pago de una multa de 396.424 euros. El fallo halló también culpable al hijo de Bahamonde, Javier Bahamonde González, a quien se le consideró autor de un delito de tráfico de influencias. Para él se acordaron nueve meses de prisión y multa de 159.000 euros.

 

Por su parte, el exjefe de Distribución de Iberdrola, Agustín de la Fuente, fue culpado del mismo delito de tráfico de influencias y su pena incluye nueve meses de prisión y multa de 138.000 euros, mientras que Vicente Fernández, expresidente de la empresa Pevafersa, fue condenado por el mismo a nueve meses de prisión y al abono de una multa de 368.000 euros.

 

En este mismo sentido, María Blanca Blanco, amiga de la familia Bahamonde, fue también declarada culpable en calidad de "cooperadora necesaria de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios", merecedor de 12 meses de multa, a razón de 20 euros diarios, y con su inhabilitación para el empleo y cargo público durante un año.