La macrogranja de Pozuelo de Tábara, autorizada en cauce público y sin una clara gestión de purines

Protesta por los proyectos de macrogranjas porcinas en Pozuelo de Tábara y Faramontanos.

La asociación de Pueblos Unidos recurre la autorización ambiental de una explotación porcina en Pozuelo de Tábara concedida en diciembre por la Junta.

La Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara ha presentado un recurso de alzada contra la resolución de la Junta de Castilla y León, firmada por el delegado territorial de Zamora, Alberto Castro, con fecha de 14 de diciembre de 2018, por la que se concede la autorización ambiental a la explotación porcina proyectada en Pozuelo de Tábara. Con este recurso, se solicita que se deje sin efecto la resolución, al considerarse "que no se ajusta a derecho tras detectarse deficiencias en el procedimiento, se revoque y se suspenda su ejecución".

 

Entre las razones que han motivado este recurso de alzada, presentado el pasado 19 de enero, se encuentra la relativa a la gestión de los purines derivados de la granja porcina. A juicio de la asociación, "el plan de gestión es poco creíble pues no se establecen mecanismos de control efectivo sobre el esparcimiento que ofrezcan garantías, dejándolo a la responsabilidad y la buena voluntad del promotor".

 

Además, no todas las parcelas incluidas en las 293,7 hectáreas vinculadas al plan de gestión "son aptas para el esparcimiento de purines o cumplen con la normativa preceptiva". Así, el proyecto cuenta con tierras no cultivadas, que quedarían fuera de la normativa del vertido de purines.

 

"También se han incluido terrenos no cultivables, otros que presentan una inclinación superior al siete por ciento y algunos que se ubican a menos de 200 metros del núcleo urbano o a menos de 50 metros de pozos, depósitos o suministros de agua. Por todo ello, se impugna la idoneidad de las parcelas recogidas el plan de gestión de purines", han explicado.

 

Además, según la agrupación, no está acreditado que los propietarios de las parcelas hayan consentido el vertido de purines, pues en el expediente "no constan sus autorizaciones expresas, como exige el Decreto 4/2018 de 22 de febrero de 2018 de la Junta de Castilla y León, solo la concesión del arrendatario". Por ese motivo, la Junta ha emitido escrito en el que solicita que se retiren del cómputo las hectáreas correspondientes a los propietarios que recientemente han comunicado a Medio Ambiente que no autorizan el uso de sus propiedades para esparcimiento de purines, según las mismas fuentes.

 

 

En zona de cauce público

 

Otro de los motivos que han llevado a la Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara a solicitar la revocación de la autorización ambiental es la relativa a la ubicación de la explotación. La parcela en la que se levantará la explotación se ubica, parcialmente, en zona de cauce público, tal como reconoce la Confederación Hidrográfica del Duero, "y no se ha acreditado que las instalaciones vayan a ir fuera de esa zona, condición de la declaración de impacto ambiental favorable".

 

En cuanto a una posible contaminación del suelo o las aguas subterráneas por parte de la instalación en sí misma, se ha exigido a la promotora de la explotación de Pozuelo un informe previo al inicio de la actividad. "No se concretan las características del informe, ni hay garantías de que la Junta vaya a verificar de manera inmediata la efectividad de las medidas previstas pues dispone de hasta un año para inspeccionar la instalación desde el momento del inicio de actividad", han lamentado.

 

Además, la solicitud de un informe de estas características evidencia que no está garantizada, "por medidas insuficientes o no satisfactorias", que no se vaya a producir una contaminación.

 

Finalmente, la tramitación del proyecto de la explotación industrial porcina de Pozuelo de Tábara incumple, en varios supuestos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la agrupación. Pese a que existe una modificación del proyecto inicial y del estudio de impacto ambiental, la agrupación advierte de que ésta "no se sacó a información pública", con lo que se "conculcó el derecho de los ciudadanos a presentar las alegaciones que se considerasen oportunas". "Asimismo, no se ha informado debidamente a los vecinos de los municipios afectados por la explotación, a los que se debería haber considerado como parte interesada, como víctimas de una posible contaminación del agua, la tierra y el aire", añaden.