Los datos económicos del primer trimestre del año reflejan una situación "crítica"

Carlos Arroyo, profesor en el Grado de Derecho de la Universidad Católica de Ávila (UCAV).

Según Carlos Arroyo, profesor de la Universidad Católica de Ávila (UCAV).

 La UCAV ha celebrado su décimo séptima sesión de las Jornadas Virtuales Multidisciplinares impulsadas por el Gabinete de Comunicación con el objetivo de extender su formación a toda la sociedad y que se desarrollan de lunes a jueves a las 19 horas en la cuenta de Instagram @ucavila.  

 

En esta sesión, Carlos Arroyo, profesor en el Grado de Derecho de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha analizado la situación del mercado laboral. Para ello ha comenzado exponiendo los datos que se han hecho oficiales hoy en relación al primer trimestre del 2020 y que arrojan datos como el desplome de la economía en el primer trimestre del año del 5,2%, la caída del PIB del 4,1% y la caída de la inversión del 5,8%.

 

En palabras del profesor, si estos datos se trasladan al empleo, en una comparación anual, se han destruido 102.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, mientras que la productividad por puesto de trabajo equivalente ha bajado un 3.6%. Unos datos que reflejan “una situación crítica” y que “han de entenderse agravados para el segundo cuatrimestre, con un mes de mayo de práctica paralización de toda la actividad económica”, según el profesor en el Grado de Derecho.

 

Por todo ello, ante la llegada del mes de mayo y con él, la progresiva reapertura de la actividad productiva, el profesor en el Grado de Derecho ha explicado que se comienza ya a hablar de los efectos que puede tener la falta de liquidez y su incidencia en una insolvencia.

 

“El problema es que entender el mantra de estos dos términos no resulta sencillo puesto que la liquidez de los negocios no puede venir fundada en aportaciones de capital por vía de préstamos, sino por el propio flujo de la actividad productiva”, ha manifestado Arroyo.

 

Liquidez real

 

“En tal sentido, la liquidez real ha de venir de la propia reapertura de la actividad productiva y ello, hoy por hoy, está condicionado tanto por un factor territorial como por el área sectorial en el que se englobe cada actividad empresarial, ha añadido.

 

Desde una perspectiva laboral, el profesor Carlos Arroyo ha pasado a analizar los efectos reales limitados que se van a deparar del art.2 del Real Decreto 9/2020 de 27 de marzo que manifiesta que “la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.

 

Una mención traída a colación para explicar que, pese a ello y a que “se tenga que mantener el empleo por seis meses desde la incorporación a la actividad productiva”, lo cierto es que la insolvencia puede “conducir a procesos de quiebra, concurso de acreedores, o a impagos reiterados o acumulativos de salarios que desemboquen en extinciones causales a instancia de los trabajadores”, según ha manifestado Carlos Arroyo.

 

En este contexto, ha explicado, se presentan dos víassobre las que el Gobierno debería estar ya trabajando”. La primera de ellas sería una posible prórroga de los ERTEs con una concreción sectorial y temporal, y la segunda referida  a la configuración de cauces de transformación de los ERTEs suspensivos en ERTEs de reducción de jornada, sin tener la necesidad de comenzar con dicha tramitación desde cero, como procedimientos administrativos independientes.

 

Junto a esto, ha indicado Carlos Arroyo, se deberían articular “vías de financiación complementarias como el cauce más urgente, más allá de lo que son medidas temporales como el apoyo al autónomo en los términos reconocidos en el art. 17 RD 8/2020 (aportación del 70% de la base reguladora en los términos del art. 339 LGSS o por defecto de la base mínima”.

 

La próxima sesión se celebrará el lunes 4 de mayo donde Mª Isabel Maroto, juez de Familia, colaboradora de la Cátedra de Estudios sobre la Mujer e Instituto Berit de la Familia explicará todo lo relacionado con la custodia y el régimen de visitas durante el Estado de Alarma.

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