Los laborales indefinidos de la Junta se hacen escuchar en las Cortes: "No somos de usar y tirar"

Los laborales indefinidos acusan a la Junta de querer "lucir" una oferta de empl

Los laborales indefinidos acusan a la Junta de querer "lucir" una oferta de empleos con 400 puestos ya cubiertos por ellos y de querer gastar 30 millones en despedir a trabajadores fijos desde hace 30 años.

Más de un centenar de trabajadores laborales indefinidos de la Junta de Castilla y León se ha concentrado esta tarde ante las puertas de las Cortes, donde se celebra pleno ordinario, para protestar ante la "amenaza" de ser despedidos por parte de la Administración autonómica a la que han acusado de pretender "lucir" una oferta de empleo público (OEP) con puestos ya cubiertos por ellos en lo que consideran además un ERE encubierto que tendría costes para las arcas regionales.

 

Bajo el lema 'Laborales indefinidos de la JCyL. No somos de usar y tirar', estos trabajadores han coreado ante las puertas de las Cortes frases como "nos quedamos" o "los indefinidos también votamos" como muestra de rechazo al expediente de regulación de empleo encubierto que, en su opinión, quiere aplicar la Administración a empleados fijos que llevan entre 10 y 20 años trabajando para la Junta con casos de hasta 30.

 

Según ha explicado el portavoz de la Asociación de Laborales Indefinidos de Castilla y León (Alicyl), Ángel García, se trata de un "colectivo importante" que engloba a más de 400 trabajadores indefinidos que han llevado a cabo durante años funciones estructurales y permanentes que les han dado derecho a la permanencia en la Administración y que ahora ven en riesgo esos empleos ante el anuncio de una oferta de empleo público "falsa".

 

Por este motivo y ante el debate mañana de la Proposición de Ley de implantación y desarrollo de la carrera profesional, este colectivo ha pedido a los grupos que tengan en cuenta una enmienda para que estos profesionales puedan optar a un "concurso de méritos", una "opción legal" que permite la normativa y que ven de justicia para sus casos.

 

Ángel García se ha sustentando en una normativa europea que responsabiliza a las administraciones públicas de la situación de los laborales indefinidos a los que "no se debe castigar" por la "mala gestión durante años".

 

Por su parte, la presidenta de la asociación, Nuria García, ha pedido diálogo a estas formaciones políticas, dado que lo que se reivindica es "una medida de justicia" que evita despidos "innecesarios", costes en indemnizaciones para la Administración que han cifrado en 8 millones de euros para los indefinidos no fijos y otros 22 millones para el resto y que mantiene a una plantilla "estable y profesionalizada" en sectores donde se prestan servicios públicos "muy importantes" para los ciudadanos.