Maíllo da una semana de plazo a Mañanes para resolver su situación en Benavente

El alcalde de Benavente, Saturnino Mañanes.

El PP provincial trata de solucionar la delicada situación generada por el alcalde de Benavente, que ha denunciado a su propio Ayuntamiento para frenar una decisión municipal contra un chalé de su propiedad. Los populares 'empujan' a Mañanes a la dimisión.

El chalé de Saturnino Mañanes ha generado una crisis política muy incómoda en el seno del PP zamorano, que ve como un asunto tan delicado explota a pocas semanas de conocerse candidatos y de iniciar la precampaña para las municipales. En un movimiento casi sin precedentes, el presidente provincial, Fernando Martínez Maíllo, ha mantenido contactos con el afectado, sus concejales y equipo de Gobierno y miembros destacados del PP benaventano para encontrar una solución a un problema.

 

Ya este lunes, tras reunirse con Mañanes y celebrar un comité ejecutivo, Maíllo anunció que había pedido al alcalde de Benavente "una reflexión sobre lo extraño que resulta que un alcalde demande a su ayuntamiento", en alusión a la insólita situación política que se ha creado después de que la familia del alcalde presentase una demanda contra el Ayuntamiento que preside para intentar frenar una decisión urbanística que ilegaliza el chalé que se construyó Mañanes. Algo que incluso desde el propio partido consideran poco comprensible.

 

Por este motivo, a lo largo del martes se han celebrado numerosas reuniones que han acabado en la conclusión de que hay que encontrar una salida al problema, y que tiene que ser cuanto antes. El objetivo es evitar que la mala imagen que deriva de este caso se transmita al PP, y menos en Benavente, plaza fuerte de los populares y donde hay que encontrar un relevo al propio Mañanes, que hace tiempo que dijo que no iba a continuar. A pesar de ello, la cercanía de un proceso electoral impide dejar que pasen las fechas: por eso empujar al alcalde a la dimisión es una de las opciones.

 

Mientras tanto, el problema ha sido objeto de tratamiento informativo en medios de comunicación nacional, y no es para menos. Se remonta al año 2004, cuando se comprueba que el alcalde ha hecho modificaciones en una casa de labor que no se ajustan a la legislación; en principio se catalogó como infracción grave, aunque un cambio en el funcionario responsable del expediente la rebajó a leve. A partir de ahí, en 2007 la familia hizo nuevas obras de nuevo saltándose la legalidad y, cuando en 2011 se le requirió por parte de funcionarios municipales un proyecto de legalización se pusierion de manifiesto las irregularidades.

 

El pasado marzo se daba a conocer, tres años después, que las obras no cumplían ninguno de los preceptos legales y carecían de licencias y requisitos de tramitación, y que la nueva construcción no es legalizable. El resultado, que hay que demoler para devolver la situación a la legalidad.