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Zamora

Más de 400 empleados de prisiones de Castilla y León exigen en Valladolid al Gobierno que desbloquee la negociación

Denuncian la necesidad de abordar una negociación "real", tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que fue retirada "tan solo tres día después".

Publicado el 08.11.2018

Más de 400 empleados de prisiones de las cárceles de Castilla y León -según los organizadores- se han concentrado este mediodía ante la Delegación del Gobierno en Valladolid para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación.

 

Los sindicatos UGT, Acaip, CCOO, CSIF y CIG, denuncian, a través de un comunicado remitido a Europa Press, la necesidad de abordar una negociación "real", tras la propuesta presentada por la administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre y que fue retirada "tan solo tres día después" bajo el argumento de restricción presupuestaria y que suponía un incremento retributivo de 123 millones a los largo del periodo 2019-2021.

 

"Los trabajadores de prisiones nos encontramos absolutamente indignados porque entendemos que desde la administración se ha faltado al respeto a los empleados de las prisiones", señalan para añadir que han convocado una serie de "medidas de presión" en el conjunto de centros dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y que se extenderán a lo largo de los días 17, 18, 19 y 20 noviembre.

 

"Igualmente consideramos que el diálogo que iniciamos con el actual partido en el Gobierno, así como los actuales socios en la aprobación del presupuesto mientras estaban en la oposición, y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores presupuestos generales ha quedado truncado", añaden.

 

A su juicio, el gobierno debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y adecuar el salario de los empleados y empleadas de prisiones a las reales cargas de trabajo.

 

También, añaden, reconociendo que sin personal suficiente, la administración penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda.

 

Asimismo, consideran una provocación que en el conflicto laboral más grave de prisiones, se esté produciendo una modificación de crédito presupuestario de los capítulos II y IV de los presupuestos de Instituciones Penitenciarias al capítulo II de los presupuestos de la Guardia Civil para pagar gastos corrientes, por una cuantía de más de 6.300.000 euros.

 

Por último, denuncian los abusivos servicios mínimos que "deben de soportar" como funcionarios públicos y que entienden que impiden un "desarrollo normalizado" de un derecho legítimo como lo es el derecho de huelga. "No es comprensible que en un día de huelga entren a trabajar más funcionarios en el interior de los establecimientos que cualquier día del año", añaden.

 

Así, lamentan que para la Administración Penitenciaria, en sintonía con el Ministerio del Interior, los empleados públicos penitenciarios son "los últimos" dentro de una Institución, al "no reconocer" su profesionalidad, con actuaciones que afectaron a la Seguridad del Estado, como, recuerdan, ocurrió recientemente con la detención del llamado 'frente carcelario' de Daesh, desmantelado por las Fuerzas de Seguridad del Estado a través de los datos aportados por funcionarios de prisiones durante "muchos meses de trabajo".

 

"Si somos un referente en la lucha contra el yihadismo, también debemos ser referente a la hora de nuestro reconocimiento público", concluye el comunicado.

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