Más de 5.000 hipotecados zamoranos, pendientes de la decisión del Tribunal Supremo

El Supremo se reúne este lunes 5 de noviembre para dilucidar quién debe pagar el impuesto de las hipotecas: clientes o bancos. Todo apunta a que sólo podrán reclamar los últimos cuatro años.

Más de 5.000 clientes zamoranos que firmaron sus hipotecas entre septiembre de 2014 y octubre de este año están pendientes este lunes de una reunión del Tribunal Supremo. El alto tribunal debe decidir de una vez por todas si uno de los gastos de una hipoteca, el pago de un impuesto, lo deben asumir los clientes o las entidades bancarias. Y lo debe hacer para resolver el embrollo que ha creado con sus decisiones: primero dio la razón a las entidades, hace unos días giró y se la dio a los clientes y después frenó esta decisión. Un proceso que ha tenido su reflejo en la paralización de muchos juicios en Zamora.

 

El número de afectados variará en función del calado de la resolución del Supremo, pero todo parece indicar que sólo se podrán reclamar los gastos de operaciones que se hayan realizado en los últimos cuatro años. Así, desde septiembre de 2014 a octubre de 2018 se firmaron en Zamora un total de 5.115 hipotecas por un importe de más de 469 millones de euros. La mayoría, cerca del 85% , son hipotecas sobre vivienda con una media de unos 100.000 euros por operación, aunque los que hipotecaron la compra de cualquier otro bien inmueble también podrán reclamar. En todo el país están afectados un millón y medio de clientes.

 

Lo que se reclama es el coste del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que forma parte de los gastos para registrar una hipoteca, y que incluyen el registro y la notaría, gastos que por otra parte ya está fallado que son reclamables. En el caso de acto jurídicos, la factura ronda los 1.500 euros, y si sumamos el resto de gastos se pueden recuperar hasta 2.500 euros por una hipoteca media de 150.000 euros. Así que en las operaciones firmadas en Salamanca en estos últimos cuatro años hay más de 15 millones de euros en juego en reclamaciones. Así es como se puede hacer, paso a paso, una reclamación.

 

La Junta de Castilla y León ha calculado que de confirmarse la sentencia del Tribunal Supremo que apunta a que son las entidades bancarias las que deben abonar del impuesto de Actos Jurídicos Documentados supondría la devolución de unos 120 millones de euros para 50.000 liquidaciones. Y es que este impuesto, ahora en disputa, es de carácter regional y lo cobran las haciendas autonómicas, que son las que deberían devolverlo.

 

La espita se abrió el pasado 18 de octubre cuando en un fallo el Tribunal Supremo modificaba su jurisprudencia anterior y en una nueva sentencia conocida este jueves ha determinado que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria. El motivo, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, "que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca". Un día después, el Supremo convocaba un Pleno para reconsiderar la decisión sobre a quien corresponde pagar el impuesto sobre las hipotecas.