Piden más de 1.500 millones de euros en indemnizaciones por el hundimiento del Prestige

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El Supremo fija en más de 1.500 millones las indemnizaciones definitivas por el Prestige.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige, que fija indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros a repartir entre el Estado español -como principal perjudicado-, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido, entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.

 

El alto tribunal ha estimado los recursos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Estado francés y, parcialmente, el del Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) contra el auto de responsabilidad civil dictado el 15 de noviembre de 2017 por la Audiencia Provincial de A Coruña, en ejecución de la sentencia penal definitiva sobre el caso dictada por el Supremo en enero de 2016.


Fue el 13 de noviembre de 2002, sobre las 15,15 horas, cuando los servicios marítimos recibieron una llamada de socorro que alertaba de una vía de agua en el 'Prestige', un petrolero con 27 tripulantes que navegaba a 28 millas de Fisterra (A Coruña) con 77.000 toneladas de fuel

 

Desde esa fecha, y tras detectarse el primer vertido, se optó por alejar de la costa al barco, que estuvo escoltado por la Armada y al que se le prohibió atracar en cualquier puerto de España. El 19 de noviembre de 2002, el petrolero se partió en dos y fue a pique y dio lugar a una de las mayores catástrofes marítimas, que tiñó de chapapote las costas de Galicia, pero también las del cantábrico y Francia.


Junto a la marea, el siniestro -por el que el capitán (Apostolos Mangouras) estuvo en prisión- provocó también una respuesta social sin precedentes con la llegada masiva de voluntarios a Galicia que se encargaron de recoger el fuel. El juicio, sin embargo, no llegaría hasta diez años después y sentaría en el banquillo, además de al capitán, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al que fuera director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Ambos fueron absueltos.