Pilar Martínez Abogados sostiene que la suspensión de la caza refuerza la despoblación y el abandono rural en Castilla y León

Pilar Martínez Abogados

Las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia ocasionan importantes perjuicios económicos tanto para la Administración Pública como para los particulares titulares de los cotos y aficionados.

Pilar Martínez Abogados, despacho especializado en Medioambiente, alerta de que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de paralizar cautelarmente la caza, al suspender tanto la orden como el reglamento, agrava el ya de por sí existente y generalizado problema de despoblación y abandono del rural de esta comunidad autónoma.

 

Además, la letrada sostiene que, debido al daño económico cuantificable, cifrado por la Junta de Castilla y León en 11 millones de euros, el Tribunal debería haber impuesto una caución tal y como establece la ley y resulta habitual. Cabe destacar que ambas resoluciones ocasionan importantes perjuicios económicos tanto para la Administración Pública (cobro de canon de la caza y otros ingresos derivados de la misma), como para los particulares titulares de los cotos (cacerías contratadas) y también para los aficionados en general.

 

“Lo más sorprendente es el tipo de argumentos en que basa el Auto la no imposición de esta caución cuando afirma, por un lado, que la actora (Partido Animalista) defiende el interés de toda la sociedad y, por otro, que su situación económica no puede permitirse una caución. Es decir, para el tribunal, el interés más necesitado de protección es el de la conservación de la fauna silvestre, que no ha demostrado la actora, por encima incluso de los derechos ya consolidados de las personas titulares de derechos de caza, en el momento en que va a iniciarse la campaña de caza mayor; y, por otro lado, la situación económica del Partido Animalista resulta de mayor relevancia que el interés económico de la población de la zona y de la Administración pública de la Junta de Castilla León”, apunta Pilar Martínez Abogados.

 

La letrada asevera que en España las normas proteccionistas se han multiplicado en los últimos años. “En paralelo, los lobos, los jabalíes, los conejos y otros animales se han convertido en una verdadera plaga y en un problema para quienes viven del campo, que se ven desamparados, puesto que no se les compensa por la aportación que se les exige, la entrega gratuita de su patrimonio privado, en beneficio del llamado interés público de la protección”, puntualiza Pilar Martínez, quien sostiene que el sistema de pago de daños por animales salvajes es ineficaz y no proporcionado al daño que causan a la población rural “mientras ven que se reparte dinero público y se protege el interés económico de movimientos ecologistas, a quien nadie pide cuentas ni examina si su razón de ser es la defensa de intereses sociales o de intereses ideológicos y económicos propios”, finaliza.

 

Pilar Martínez Abogados exige a los tribunales que tengan en cuenta un problema serio y acuciante para el campo de Castilla y León y de España en general, como es la despoblación. Recuerda, asimismo, que la actividad cinegética está perfectamente controlada por una normativa específica, reglada y exigente. Constituye, además, un medio de vida y sostén de una parte relevante de la zona rural que, de ver prohibida esta actividad tradicional y ancestral, tendría una nueva causa para el abandono.

 

Otro de los puntos en los que se basa la abogada para solicitar racionalidad a la hora de dictar sentencias relacionadas con las actividades tradicionales en el campo es que todas, incluyendo la caza, son fundamentales para el equilibrio de la naturaleza y el desarrollo del ecosistema.