Puertas nunca cerradas y certificado de no tener delitos sexuales: los cambios en la Iglesia zamorana afectada por pederastia

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. Foto: EP

Varias diócesis españolas, entre ellas la que corresponde a parte de Zamora, proponen un protocolo para erradicar los abusos a menores. Plantean puertas de cristal en los despachos de los curas.

Política de puerta nunca cerrada en cualquier despacho donde un cura se pueda reunir con un menor por cualquier motivo. Esta es la recomendación básica de algunos de los nuevos protocolos con los que las diócesis españolas van a intentar frenar los casos de abusos o pederastia que están castigando a la Iglesia católica. Entre los lugares donde antes se van a aplicar, varias localidades de Castilla y León como las comarcas zamoranas de Sanabria, Carballeda, Valles de Benavente y parte de Aliste. En total, más de 3.500 km².

 

La diócesis de Plasencia ha publicado en su revista el protocolo para la "la prevención, detección, denuncia y actuación ante este tipo específico de maltrato infantil" en el que se marcan de una manera "sencilla y clara" las directrices a seguir. El protocolo está en la línea de los más exigentes puestos en marcha por otras diócesis como la de Astorga. De hecho, está inspirada en el de esta última, cuyo obispo se encargará del nuevo protocolo estatal y que a principios de año ya impulsó uno propio. De hecho, esta diócesis fue la afectada por el caso del cura de Tábara condenado por dos casos de abusos. A esta parroquia y su comarca también llegará el nuevo reglamento para evitar casos.

 

Entre las recomendaciones, eludir muestras físicas de afecto, examinar a un enfermo sin la presencia de otro adulto o llevar a cabo como norma una política de puerta nunca cerrada allí donde un sacerdote se reúna con menores. En este sentido, protocolos similares como el de Astorga recomiendan poner puertas de cristal transparente y cristaleras en los despachos de los sacerdotes.

 

El documento prohibe "absolutamente" la práctica de "juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse", así como "novatadas y otras dinámicas o juegos que puedan llevar actos vejatorios, denigrantes o sexistas".

 

El documento señala que la política de prevención comienza con la "selección de personal" e indica que, además de las entrevistas previas, "se exige que todas las personas que entren en contacto con menores deberán presentar el certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales". Este documento es obligatorio para cualquier persona que trabaje o pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores, pero la Iglesia no lo estaba solicitando.

 

Además, este nuevo protocolo incluye que "los sacerdotes, personal contratado y voluntarios firmarán un documento expreso donde señalan su repulsa a todo abuso contra menores"; en caso de cometerlo, se declararán únicos responsables. Ante cualquier sospecha o revelación de abuso, será obligatorio informar a la Vicaría General.

 

Por lo que refiere al ámbito eclesial, el protocolo pide llevar a la práctica las medidas propuestas por la Santa Sede y la propia normativa de la Conferencia Episcopal Española: proteger la libertad de los testigos y garantizar la buena marcha del proceso, imponer medidas temporales de carácter cautelar para prohibir al clérigo acusado el ejercicio del ministerio sagrado o del propio oficio, imponer o prohibir la residencia en determinados lugares, o incluso prohibirle la participación pública en la eucaristía.

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