Ratificada la condena de cuatro años de prisión al exalcalde de Peleas de Abajo por el cobro irregular de dietas
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Ratificada la condena de cuatro años de prisión al exalcalde de Peleas de Abajo por el cobro irregular de dietas

El TS absuelve al concejal que firmó, como tesorero, las órdenes de pago de esas dietas.

La Sala II del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro de prisión y ocho de inhabilitación especial para cargo o empleo público al exalcalde de Peleas de Abajo, Marcelo Jurado, por cobrar, entre 2007 y 2009, cuando ocupaba el puesto de regidor, un total de 14.559 euros de dietas sin justificar los gastos.

 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso del exalcalde y confirmó los pronunciamientos que hicieron sobre él un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Zamora y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

 

En este último caso, el TSJCyL desestimó los recursos de apelación contra la sentencia que la Audiencia Provincial de Zamora emitió el 20 de julio de 2018 y que condenó al acusado por malversación de caudales públicos.

 

El Supremo indica que “no se discute” que cobró esas dietas y que en el acuerdo de percepción “constaba la obligación de justificar” las cantidades percibidas, “lo que no hizo, a pesar de ser requerido por los funcionarios y de las advertencias y reparos de la secretaria municipal”, según apuntaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. “Añade que no existen documentos que demuestren que obedecían a actuaciones relacionadas con el cargo, y consta que la secretaria municipal que le advirtió de la necesidad de justificar”, anotaron.

 

De esta forma, Jurado Rodríguez tendrá que indemnizar al Ayuntamiento de Peleas de Abajo con 14.559,51 euros, además de los intereses legales fijados en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

No obstante, el Tribunal Supremo estimó el recurso del segundo acusado en el caso, el entonces concejal que firmó, como tesorero, las órdenes de pago de las dietas del alcalde, y a quien la Audiencia Provincial de Zamora y el TSJCyL condenaron a tres años de cárcel y cinco de inhabilitación como cooperación necesario de la malversación.

 

El Supremo anula esa condena y le absuelve del delito de malversación, ya que “no quedó probado que supiera que los gastos no habían sido justificados”.

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