Tábara, Villamayor, Prado o Castroverde ya tienen ordenanzas para frenar la instalación de macrogranjas

Protesta por los proyectos de macrogranjas porcinas en Pozuelo de Tábara y Faramontanos.

La organización agraria UPA Zamora acusa a los ayuntamientos que aprueban normas para frenar las macrogranjas de hacer una "política de persecución" con normas restrictivas.

Los numerosos proyectos para implantar macrogranjas en Zamora han despertado un movimiento de rechazo y recelos en numerosos municipios. Hace meses que plataformas se manifiestan contra este tipo de explotaciones en la comarca de Tábara y el ayuntamiento de este municipio ha sido uno de los primeros en aprobar una nueva ordenanza que será una traba económica a la instalación de granjas de porcino, que generan purines. Pero no es la única.

 

En las últimas semanas se han conocido los casos de Villamayor, Prado o Castroverde, lo que ha provocado una respuesta contraria por parte de asociaciones agrarias. A mediados de octubre, Tábara aprobó una nueva ordenanza con tasas disuasorias para blindarse frente a las macrogranjas.

 

Así, la nueva ordenanza recoge que el almacenamiento de purines conllevará una tasa de 30 euros por metro cuadrado que se ocupe. El transporte tendrá una tasa de 20 euros por cada kilómetro que se circule con este producto por vías de titularidad municipal: se pagarán por kilómetro y vehículo de transporte. Además, estará prohibido circular con este tipo de mercancía una semana antes del 15 de agosto con motivo de las fiestas del pueblo.

 

En caso de vertido, solo se podrá hacer en terrenos agrícolas sembrados o que se vayan a sembrar en las semanas siguientes, hasta un máximo de tres meses, y siempre y cuando no haya previsión de lluvias.

 

UPA Zamora ha denunciado la existencia de ayuntamientos cuyas nuevas normativas en materia de gestión de purines y estiércol "están limitando" la normal actividad ganadera. La organización agraria ha asegurado que se trata de una problemática que toca de lleno al sector primaria de la provincia y sobre la que ha pedido a la Junta de Castilla y León que se pronuncie.

 

La primera denuncia realizada por UPA Zamora se correspondía con la tasa aprobada por el Ayuntamiento de Tábara, a través de la cual se imponía un "peaje" de 20 euros por kilómetro a los ganaderos durante el traslado de purín desde las naves hasta las parcelas.

 

Otras localidades como Villamayor, Prado o Castroverde se han sumado recientemente a lo que UPA considera como "política de persecución" contra los ganaderos con normativas "restrictivas".

 

La organización agraria ha reclamado a la Junta de Castilla y León que se posicione "de manera clara" sobre estas actuaciones municipales, al considerar que "pueden entrar en contradicción competencial" con normativas medioambientales de ámbito autonómico. Asimismo, UPA ha anunciado que emprenderá "acciones legales" si estas políticas persisten con el objetivo de "acabar con las decisiones sectarias y que responden a intereses de las corporaciones e incluso a intereses personales".

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