Un empresario zamorano juzgado en Almería por presunto delito de estafa al Obispado

Juzgan en Almería a un empresario zamorano acusado de estafar al Obispado al apropiarse de 44.000 euros para la elaboración de unas vidrieras. El empresario aceptó el dinero sabiendo que no iba a poder realizar el trabajo. La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar dos años de prisión para el acusado. 

La Audiencia Provincial de Almería acoge este martes el juicio contra un empresario cuyo negocio radica en Zamora acusado de un presunto delito de estafa, después de que supuestamente se apropiara de casi 44.000 euros del Obispado de Almería al aceptar un encargo para elaborar una vidriera policromada.

 

Durante la vista a celebrar en la Sección Tercera, la Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar dos años de prisión para el procesado mientras que el Obispado interesa un año más por los mismos hechos. Fuentes judiciales han indicado que el tribunal ha aceptado las pruebas y testimonios propuestos por las partes, salvo la declaración del obispo de Almería, Adolfo González Montes, que había sido solicitado por la defensa.

 

Según consta en el escrito provisional del fiscal, el acusado habría llegado a suscribir un contrato con el Colegio Diocesano de San Ildefonso, entidad perteneciente al Obispado de Almería, para realizar unos vitrales que debían estar listos antes del 1 de septiembre de 2009.

 

Así, tras el acuerdo alcanzado el 12 de marzo de ese mismo año, el administrador único de la mercantil contratada se embolsó 42.000 euros por el trabajo así como otros 1.960 euros en concepto de IVA pese a que era "consciente" de que "por su mala situación económica sería imposible realizar el trabajo", según el Ministerio Público.

 

Con ello, considera el fiscal que el empresario actuó "guiado por un ánimo de enriquecimiento injusto", ya que habría incorporado tal cantidad a su patrimonio "sin haber realizado el trabajo pactado" y sin haber devuelto el dinero, que ha sido reclamado por el Obispado, que también está presente en el proceso como acusación particular.

 

La Fiscalía, que imputa al procesado la presunta comisión de un delito recogido en los artículos 248 y 249 del Código Penal, interesa además la apertura de una pieza de responsabilidad civil y que se requiera al acusado el afianzamiento de las cantidades, ya sea de modo directo o subsidiario.