La moción, aprobada con la abstención del Partido Socialista, había sido redactada conjuntamente por los senadores zamoranos José María Barrios Tejero, Fernando Martínez-Maillo Toribio y Natalia Ucero Pérez, solicitando tambien al Gobierno negociar y firmar un convenio de colaboración con la Junta Pro-Semana Santa de Zamora, y con las administraciones públicas que intervienen en la financiación de esta obra, con el fin de fijar las condiciones económicas y los plazos de realización de la musealización.

El museo se encuentra actualmente en construcción "en un ejemplo de colaboración institucional entre la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de Zamora que se han unido a la Junta Pro-Semana Santa de Zamora en la financiación y ejecución de esta importante obra".

Para "sorpresa e indignación" de Martínez-Maillo, la postura socialista "ahora argumenta que el Gobierno no tiene competencias y no puede financiar museos que no son titularidad del Estado, cuando el propio Pedro Sánchez y miembros de su gobierno como la ex ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, el también ex ministro de Cultura, Jose Manuel Rodríguez Uribes y hasta la ex delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, se comprometieron a ello en varias visitas realizadas a la capital zamorana".

También ha criticado que el senador zamorano José Fernández Blanco "no haya tenido la valentía de dar la cara y haya delegado en una senadora de Palencia la defensa de esta posición en lo que supone un nuevo desprecio del Gobierno hacia Zamora y los zamoranos".

Martínez-Maillo lamenta que tampoco ha tenido respuesta la carta dirigida a Pedro Sánchez tras la reunión mantenida el pasado 31 de enero de 2024 por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el presidente de la Diputación, Javier Faúndez; y la entonces presidenta de la Junta Pro-Semana Santa, Isabel García, en la que todas las partes implicadas en el proyecto acordaron instar al Gobierno de España a cumplir su compromiso.