Apoyar el comercio rural. Esa es la premisa con la que el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a un paquete de subvenciones con una partida de 450.000 euros. La iniciativa, enmarcada en la Estrategia de Comercio Minorista y Rural 2024-2027, da continuidad a la medida que se puso en marcha el pasado año para contar con un equipo de diez profesionales de apoyo a la Red de Agentes de Comercio Interior (RACI) que actúan como dinamizadores del sector, prestando servicios y favoreciendo la cooperación entre la administración autonómica, la administración local y el comercio rural de proximidad.

Las subvenciones, procedentes del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, permitirán financiar el 100 % de los costes salariales de los agentes RACI durante un periodo de 12 meses, asignando 45.000 euros a cada una de las diez entidades beneficiaria.

Los profesionales contratados deberán contar con titulación universitaria en áreas estratégicas como Comercio, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Derecho o Relaciones Laborales a fin de que puedan desarrollar funciones esenciales para la modernización y dinamización del tejido comercial en el territorio.

Entre estas funciones figuran el apoyo y asesoramiento para la creación de empresas y el relevo generacional, la identificación de las necesidades de inversión y modernización, la difusión de recursos y ayudas dirigidas a emprendedores y empresas, así como la colaboración en la actualización de bases datos u otro tipo de análisis.

Además del apoyo a la actividad comercial en el medio rural como servicio básico y dinamizador del territorio, esta línea de ayudas contribuye también a la generación de empleo de calidad ya que los destinatarios de estos contratos de 12 meses a jornada completa serán personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL). Así mismo, se dará prioridad a los colectivos con mayores dificultades de inserción tales como jóvenes menores de 35 años, mujeres, personas mayores de 45 años o desempleados de larga duración con cargas familiares.