La citación como investigados en el caso de un posible fraude de subvenciones ha sido recurrida por parte del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y del diputado provincial de Juventud y Deportes, Juan del Canto. Este mismo viernes han interpuesto un recurso de reforma y, subsidiariamente, de apelación ante la Audiencia Provincial de Zamora contra la providencia del 15 de mayo, por la que fueron citados en calidad de investigados ante la presunta comisión de un delito de fraude en subvenciones, derivada de actuaciones relacionadas con expedientes de ayudas nominativas vinculadas al Club Deportivo Ultra Sanabria.

El letrado ha señalado que la decisión debió adoptarse mediante auto motivado, no por simple providencia de mero trámite, ya ha considerado que la utilización de una providencia "impide conocer la ratio decidendi de su imputación y priva a la defensa de un verdadero control de legalidad de la imputación, en este momento procesal", según recoge la agencia Ical.

Indicó el mismo que la providencia recurrida "afecta, de forma directa e inmediata, a la situación o estatuto procesal" de sus representados, "a su derecho de defensa, a su derecho a conocer los hechos y documentos esenciales en los que se basa su imputación para poder articular su defensa y, en su caso, recursos con las debidas garantías".

La providencia recurrida "afecta, de forma especialmente grave, a su esfera personal, familiar, social y profesional, dada su condición pública" como presidente y diputado delegado del Área de Deportes de la Diputación Provincial de Zamora.

El recurso denota, según el letrado, la "ausencia de indicios racionales o base objetiva mínima para dirigir el procedimiento contra los recurrentes", así como "falta de dominio, es decir, intervención relevante y decisoria individualizada, del eventual hecho delictivo individualizada".

Entre la documentación mencionada para sustentar el recurso, el letrado mencionó, según Ical, levantamientos de reparo y aprobaciones de convenios, así como pagos anticipados de la subvención nominativa por determinados decretos y puso de manifiesto la falta de correspondencia de los tiempos de comisión de los hechos que motivan la investigación. "Aparecen vinculados a actos anteriores al periodo en el que mis representados pudieran haber tenido intervención efectiva en la gestión de la Corporación Provincial", agregó el letrado.