Miles de agricultores han vuelto a las calles para protestar contra el tratado de Mercosur, denunciar la competencia desleal y reclamar medidas ante las pérdidas provocadas por los temporales. Os recuerdo que sus críticas se dirigen contra los acuerdos comerciales de la Unión Europea y al desequilibrio que ven entre las exigencias internas y las condiciones externas. Y alguno pensará, ¿cómo es posible que se quejen contra algo que han ideado nuestros dirigentes europeos desde salas con mesas de caoba, tomando café importado y cobrando dinero en mano libre de impuestos?

Recordemos que el sector agrario europeo opera bajo estándares medioambientales, laborales y sanitarios cada vez más estrictos. Son requisitos con sentido común que buscan proteger el entorno, garantizar la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de trabajo. Y eso está genial. Sin embargo, cuando esos mismos estándares no se exigen a los productos importados, el resultado es una sensación de desigualdad competitiva difícil de ignorar. O lo que viene siendo, en términos que entendemos todos, una ruina para los de aquí. Nosotros pagamos los impuestos y nos ajustamos a todas las normativas, mientras que no es el caso para los que importan los productos.

Esta situación me recuerda a lo que ha pasado en la industria automovilística. Europa ha impulsado la transición ecológica, marcando metas ambiciosas para 2030 y acelerando el abandono del diésel, al que han demonizado. Por ejemplo, modelos icónicos como el Porsche Macan ya no se fabrican con motor de combustión, pero la versión eléctrica cuesta dos o tres veces más que los modelos chinos importados. Todo muy bonito sobre el papel, pero la falta de coherencia y alineación con una política industrial sólida han tenido consecuencias. Se han perdido empleos, se han cerrado plantas y se ha debilitado parte del tejido productivo que nos hacía líderes a nivel mundial, mientras otros países reforzaban su posición en sectores clave como el vehículo eléctrico y las baterías. Eso ya lo hablamos en la carrera a la pata coja.

Cuando el populismo y las soluciones llamativas ganan a la coherencia y a la realidad, vienen los problemas. La sostenibilidad y la competitividad no pueden disociarse. Si una economía eleva sus estándares sin reforzar al mismo tiempo su capacidad productiva y tecnológica, corre el riesgo de depender cada vez más del exterior. Y la dependencia, ya sea energética, industrial o alimentaria, reduce el margen de decisión política. Es un círculo vicioso. Ahora queremos ser más verdes, pero cuando China o EE.UU lideren los mercados del automóvil, la IA y la conectividad, todos bailaremos a su ritmo, sea verde o marrón caoba, como la mesa en la que se gestionó -una vez más- nuestra pérdida de competitividad.

El tratado con Mercosur debe llevarse a cabo con la garantía de que no existirá una competencia desleal para nuestro campo. Para algunos, es una oportunidad de ampliar mercados y fortalecer relaciones estratégicas. Para otros, supone abrir la puerta a productos que no compiten en igualdad de condiciones con los europeos. No debería ser difícil encontrar un equilibrio entre apertura comercial y protección razonable de sectores estratégicos. Y más con la cantidad de asesores políticos con los que cuentan nuestros dirigentes.

La clásica frase de "si quieres la paz, prepara la guerra" podría adaptarse a: si quieres ser verde, debes ser competitivo. No se trata de renunciar a los objetivos medioambientales, sino de fortalecerlos con políticas industriales, tecnológicas y comerciales coherentes. Invertir en innovación, apoyar la modernización del campo y garantizar condiciones equitativas en los intercambios internacionales son pasos necesarios para que la transición no se traduzca en una pérdida de capacidad productiva para nuestros agricultores. 

Los tractores que hemos visto estas semanas recorriendo la Gran Vía no simbolizan una resistencia al cambio, sino una demanda de coherencia. Piden que las reglas sean claras y equilibradas, y que las decisiones estratégicas tengan en cuenta el impacto real sobre quienes producen alimentos o fabrican bienes en Europa. Ellos serán los primeros afectados, pero luego vendremos el resto. Mirar ahora hacia otro lado no evitará que cuando ellos ya no estén, los productos -importados y sin las mismas garantías- nos los vendan mucho más caros. Esto no va de ideologías políticas; el debate va más allá del campo: afecta al modelo económico y al grado de autonomía que queremos conservar en un entorno global cada vez más competitivo.

¿No os estáis cansando de vivir de ayudas? ¿Cuándo perdimos en España nuestra capacidad de decisión sobre dónde, cuándo y cómo invertir nuestro cada vez más escaso PIB? ¿No merece esta situación salir a protestar a la calle con nuestros vecinos y compañeros por un mercado más justo?

Ser sostenibles es imprescindible. Pero para que esa sostenibilidad sea viable en el tiempo, debe asentarse sobre una base económica sólida. De lo contrario, el riesgo es avanzar en principios mientras retrocedemos en capacidad de decisión.