También sostiene que dos meses después de entrar en vigor la ley que prohíbe que los conductores hagan labores de descarga, ya se están empezando a dar casos de represalias hacia los transportistas que no aceptan la coacción para seguir descargando sus camiones.

Por todo ello, la Plataforma, que ya realizó huelga indefinida el pasado mes de marzo, ha decidido volver a convocar al sector a un paro nacional a partir de la madrugada de este lunes.

Según la información de Servimedia, el Gobierno ha pedido a la Plataforma que recapacite y desconvoque el paro que "no beneficia a nadie, ni dentro ni fuera del sector" y que ha sido rechazado de forma "unánime" por la inmensa mayoría del sector del transporte y la logística, por la distribución, por la industria de la cadena agroalimentaria, así como por los representantes mayoritarios de patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.

La postura del Ejecutivo es que no hay motivo para la huelga porque las demandas de esta plataforma se están analizando en el seno del CNTC, órgano que reúne a los representantes de los transportistas.

AYUDAS DIRECTAS E IMPUESTO AL CARBURANTE

El Ministerio de Transportes defiende, además, que el sector cuenta con el apoyo firme del Gobierno, ya que ha recibido ayudas directas por 900 millones de euros (2.500 euros por camión por ejemplo, o mil en el caso de furgonetas) y está siendo especialmente beneficiado por el descuento de 20 céntimos de los carburantes (hasta 4.200 euros por camión cada seis meses de descuento).

También, que gracias a los acuerdos alcanzados con el sector a través del CNTC, España cuenta con una de las legislaciones en materia de transporte más avanzadas de Europa y que la ley aprobada en agosto garantiza que los transportistas no trabajen por debajo de sus costes.

A este respecto, el Ministerio asegura que la inspección ya está actuando para garantizar su cumplimiento y que, además, se aprobará en próximas semanas un plan de inspección 2023 para reforzar las actuaciones, ya que incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga, de acuerdo con la normativa aprobada.