El informe final de esta investigación fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede en Roma, y en la actualidad, el proceso continúa abierto a la espera de una resolución. En todo momento, el obispo se puso a disposición del denunciante, ofreciendo toda la ayuda necesaria. Y a petición suya, y de acuerdo con el obispo, decidió "irse un año fuera de la diócesis, situación que ha sido prorrogada por un tiempo".

Recientemente, el presbítero denunciado ha firmado la recepción de la notificación por parte del Dicasterio de la Doctrina de la Fe de su dimisión del estado clerical, es decir, su secularización.

La Diócesis de Salamanca manifiesta su compromiso para esclarecer la verdad, proteger a las posibles víctimas, y poner todos los medios para evitar que estos hechos se puedan producir. Además, lamenta "el sufrimiento y el daño que esta situación está provocando a las personas afectadas, a sus familias y comunidades".

Asimismo, la diócesis alienta a quienes hayan sufrido cualquier tipo de abusos por parte de sacerdotes, religiosos o laicos, a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado o la Oficina diocesana para la Protección de Menores.