La denominada Ley de Amnistía vuelve a retratar los verdaderos intereses que se ocultan detrás de una auténtica concesión política a cambio de siete votos fundamentales para consolidar la mayoría que mantenga en el Gobierno al Partido Socialista. El informe de los letrados de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados considera que la proposición de esa ley que el Gobierno pretende aprobar para borrar los delitos del procés tiene visos de inconstitucionalidad. Es decir, los letrados del Congreso vienen a respaldar lo que mantenía el PSOE antes de las elecciones del 23 de julio. Después de esa fecha, la historia se escribe con otro guion completamente diferente. Hasta ese punto, el ministro Bolaños ya se ha encargado de recordar que dicho informe no es vinculante y que la futura Ley es absolutamente "impecable".

La revuelta general de los ambientes políticos envuelve diásporas cuyas consecuencias no tardarán en reflejarse. El Gobierno aprueba de la mano de los sindicatos una subida del salario mínimo interprofesional sin el consenso con los empresarios. Esto es una nueva demostración del grado de soberbia política que impregna una acción que supondrá un indudable incremento de costes salariales a las empresas, las verdaderas afectadas por una medida que reclamaba fundamentalmente consenso y diálogo entre todas las partes afectadas. De manera arbitraria, los empresarios se encuentran arrinconados asumiendo decisiones unilaterales, junto a las que se avecinan como la propuesta de reducción progresiva de la jornada laboral sin afectar a la retribución y sin argumentos sobre la productividad que justifiquen esa modificación, basada en un nuevo avance social hacia la conciliación que es absolutamente respetable pero que sigue apuntando hacia la salud de las empresas como las principales generadoras de empleo en España.

Estamos en una especie de cuadrilátero donde los golpes surgen por doquier y los espectadores, que somos los ciudadanos, asistimos al combate perplejos ante un cruce de intereses que deja bastante aparcado otro interés más importante: el general. Habría que reflexionar sobre las políticas sociales. El CIS ha elaborado un interesante informe a través de un trabajo que refleja que el 44,1 por ciento de hombres y 32,5 por ciento de mujeres encuestadas creen que las políticas de igualdad discriminan a los varones. Ya se han escuchado comentarios y análisis sobre la vulnerabilidad que pueden llegar a tener los hombres en determinadas comparativas con las mujeres. Sirva esto como ejemplo de la necesidad imperiosa de encontrar un clima que evite el rupturismo al que nos abocan determinadas conductas de la clase política actual.

Frente a eso, habría que preguntarse dónde está la oposición. Cuál es el papel del Partido Popular como ganador de las elecciones y la fuerza política con mayor representación en el Congreso de los Diputados. Noqueado porque la estrategia mediática del PSOE le supera por todos los lados, revisando el pasado con la Operación Cataluña o manejando la crisis de los pellets en Galicia, el PP sigue ausente en cuanto a lo que debería ser su labor: ofrecer alternativas al Gobierno y mostrándose enérgico ante lo que considere perjudicial para el conjunto de la sociedad. Esto ya lo hemos vivido antes con Pablo Casado y la reencarnación de Feijóo no ofrece, de momento, visos de mejorar. El problema es que España necesita un gobierno y una oposición. De momento, tenemos gobernantes perfectamente retratados en sus actos; la otra parte ni está ni se le espera.