La Fiscalía ha decidido mantener su petición de 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, y de penas que oscilan entre los 8 y los 14 años de prisión para sus seis hermanos por el origen de la fortuna oculta en Andorra. En el trámite de conclusiones del juicio, que se sigue desde el pasado mes de noviembre en la Audiencia Nacional, el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo únicamente ha introducido dos modificaciones: la petición de archivo de la causa para el expresidente catalán, después de que el tribunal lo haya exonerado por demencia, y para el empresario Carles Vilarrubí, fallecido el pasado mes de diciembre.

De hecho, antes de que las partes hayan expuesto sus conclusiones, el presidente del tribunal, Ricardo de Prada, ha anunciado que dictará un auto para acordar el sobreseimiento del caso para Jordi Pujol Soley, una vez acordó eximirlo tras concluir que su deterioro cognitivo impide juzgarlo.

La Fiscalía acusa a los Pujol de los delitos de blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución y mantiene también el de asociación ilícita pese a que han quedado fuera de la causa los dos presuntos líderes de esa pretendida organización: Jordi Pujol Soley y su esposa Marta Ferrusola -fallecida en 2024-.

El ministerio público pide la mayor pena, de 17 años de cárcel, para el primogénito de los Pujol y su exesposa Mercè Gironès, a quienes sitúa al frente del supuesto entramado para el cobro de comisiones ilegales de empresarios con las que cree amasaron la fortuna que durante décadas mantuvieron oculta en Andorra. Les sigue Josep Pujol, para quien solicita 14 años.

Al resto de hijos del expresidente de la Generalitat -Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta-, el ministerio público les pide ocho años de cárcel y cinco para cada uno de los nueve empresarios acusados de pagar a la familia Pujol a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha retirado su acusación de delitos de falsedad documental contra Francesc Ribes, a quien la Fiscalía considera testaferro de los Pujol, por lo que le pide cinco años de cárcel por facilitar presuntamente el blanqueo de las comisiones ilícitas. Las defensas, excepto alguna pequeña modificación en relato de hechos, también han mantenido sus peticiones de absolución.

El trámite de conclusiones definitivas ha seguido a los interrogatorio de los últimos empresarios que faltaban por declarar: Luis Delso, de Isolux Corsan, Josep Cornado, de Copisa, Carles Sumarroca, del grupo EMTE, y el promotor inmobiliario Alejandro Guerrero Kandler.

"Con los socialistas facturamos más"

Los cuatro directivos, a quienes la Fiscalía acusa de pagar comisiones a Jordi Pujol Ferrusola camufladas como trabajos de asesoramiento e intermediación ficticios, han defendido la legalidad de esas facturas, con las que mantienen remuneraban servicios del primogénito como "lobby", "broker" o suministrador de "información". "Ya han visto que estaba en todas partes", ha dicho Cornado en su interrogatorio.

Los empresarios, además, han negado que sus pagos tuvieran como objetivo la adjudicación de obra pública y, en ese sentido, han destacado que sus contratos con la administración catalana se incrementaron en la etapa del gobierno tripartito que encabezó el socialista Pasqual Maragall.

"El principal cliente de Copisa es el Ministerio de Transporte y después la Generalitat, pero estamos también en la Comunidad de Madrid. Cuando tuvimos más suerte fue con el tripartito", ha explicado Josep Cornado, tras añadir: "Con los socialistas facturamos mucho más".

Cornado, por otra parte, se ha desvinculado del día a día de la gestión de Copisa, que según su versión era responsabilidad del exconsejero delegado Xavier Tauler, quien está a la espera de juicio por el caso 3% de presunta financiación ilegal de CDC. En su día, declaró como testigo en el juicio y afirmó que desconocía por qué Pujol Junior cobró 1,3 millones de euros de la constructora en tres años.

Por su parte, tras negar que cualquier vinculación con "la política o el independentismo" y formar parte de los empresarios "afines" a CDC a los que alude la Fiscalía en su escrito, Luis Delso, que presidió Isolux de 2000 a 2012, ha exhibido los datos de facturación de la empresa entre esos años para demostrar que su empresa no obtuvo un trato de favor con el expresident Jordi Pujol.

Según el acusado, en la década de los 2000 Isolux logró adjudicaciones de obra pública por valor de 881 millones, 105 en la etapa de CIU y otros 776 con los gobiernos tripartitos que encabezaba el PSC. En la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, ha agregado, bajaron a 92 millones si se descuentan las licitaciones de ayuntamientos gobernados por el PSC.

Asimismo, Carles Sumarroca, que fue consejero delegado de EMTE entre 2003 y 2009, ha admitido que su padre era amigo del expresidente de Cataluña y que ambos participaron en la fundación de CDC pero ha negado que EMTE pagara comisiones por conseguir adjudicaciones públicas. "En 60 años de la historia de EMTE ninguna de sus adjudicaciones públicas han sido cuestionadas en ese sentido", ha asegurado.

En la misma línea, el promotor inmobiliario Alejandro Guerrero Kandler ha defendido la legalidad de las comisiones pagadas a Jordi Pujol Ferrusola tras insistir en que nunca ha tenido "relación" con de obras públicas en Cataluña. "Jamás en mi vida me he presentado a ninguna licitación ni he tenido contratos con la Administración, todos mis negocios han sido privados", ha recalcado.