El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió este miércoles la creación de una nueva sede para el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León como una medida destinada a garantizar la continuidad del servicio ante situaciones excepcionales que pudieran inutilizar las instalaciones actuales.

Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo explicó que la futura infraestructura, contemplada en el acuerdo de gobierno entre PP y VOX, actuaría como una "garantía supletoria" en caso de que la sede actual, ubicada en Valladolid, dejara de estar operativa debido a circunstancias extraordinarias como una inundación, un terremoto u otro incidente grave.

El consejero señaló que la reflexión sobre la necesidad de contar con una segunda sede surgió tras el apagón eléctrico registrado en abril de 2025. Según indicó, aquel episodio llevó al Ejecutivo autonómico a analizar fórmulas para reforzar la resiliencia del sistema de gestión de emergencias y asegurar que, ante cualquier contingencia, no se pierda la capacidad de coordinación y respuesta. "La finalidad es disponer de una garantía adicional para que, si la sede principal colapsara por cualquier motivo, el servicio pudiera seguir funcionando con normalidad", explicó.

Respecto a la ubicación de la nueva instalación, Fernández Carriedo insistió en que la decisión no responderá a criterios políticos ni territoriales, sino exclusivamente técnicos. En este sentido, destacó que uno de los factores determinantes será la facilidad para trasladar personal y recursos entre ambas sedes, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la operatividad del sistema. Las declaraciones llegan después de que el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, solicitara en las Cortes de Castilla y León que la nueva sede se ubicara en Ávila. Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha defendido alternativas situadas en León, Zamora o Salamanca.

No obstante, el portavoz autonómico reiteró que la elección final responderá a criterios operativos y de seguridad, dentro de una estrategia orientada a reforzar la capacidad de respuesta del sistema autonómico de emergencias ante cualquier eventualidad.