Hay asuntos que la política evita durante años porque generan un enorme desgaste y porque cualquier intento de abordarlos suele interpretarse como un ataque a derechos consolidados. El absentismo laboral es uno de ellos. Por eso resulta significativo que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya decidido situarlo en el centro del debate político.

Lo ha hecho, probablemente, con una formulación mejorable. Mezclar bajo un mismo paraguas todas las bajas laborales, sin diferenciar con suficiente claridad entre quienes atraviesan una enfermedad real y quienes utilizan de forma fraudulenta un sistema concebido para proteger al trabajador, ha facilitado una reacción inmediata de sindicatos y partidos que sostienen al Gobierno. Era previsible. Cuando se tocan cuestiones tan sensibles, las palabras importan tanto como el fondo del mensaje.

Sin embargo, más allá de la polémica política, conviene detenerse en la cuestión de fondo. Porque el absentismo laboral constituye desde hace tiempo una de las principales preocupaciones del tejido empresarial español y, de manera muy especial, de miles de pequeñas y medianas empresas que soportan unos costes crecientes derivados de situaciones cuya duración y evolución escapan por completo a su capacidad de control.

Nadie discute el derecho de un trabajador enfermo a recuperarse con todas las garantías. Ese derecho forma parte de los pilares de nuestro Estado del bienestar y nadie sensato pretende ponerlo en cuestión. Una sociedad avanzada protege a quien no puede trabajar por motivos de salud y garantiza que no vea comprometidos sus ingresos por esa circunstancia.

Otra cosa distinta es ignorar que también existen comportamientos abusivos. Son una minoría, seguramente, pero con un impacto económico muy superior a su número. Empresas obligadas a reorganizar plantillas de un día para otro, sustituciones difíciles de cubrir, incremento de costes, pérdida de competitividad y una creciente sensación de indefensión entre quienes, además de crear empleo, deben asumir todas las consecuencias sin apenas instrumentos para verificar que el sistema funciona correctamente.

El problema no reside en la legalidad de las bajas médicas. Son plenamente legales cuando responden a una necesidad clínica acreditada. La cuestión es si los mecanismos de control son hoy suficientemente eficaces para detectar los posibles abusos sin perjudicar a quienes realmente necesitan esa protección. Ese es el verdadero debate. Y ese es el debate que durante demasiado tiempo nadie había querido plantear.

España no puede permitirse convertir cualquier reflexión sobre el funcionamiento de las incapacidades temporales en un enfrentamiento ideológico. Defender a los trabajadores no es incompatible con proteger a las empresas. Al contrario. Ambas realidades son inseparables. Sin empresas viables no hay empleo estable; sin trabajadores protegidos tampoco existe un mercado laboral justo.

Resulta paradójico que una cuestión que preocupa de manera creciente a empresarios de todos los sectores apenas haya encontrado espacio en la agenda política hasta ahora. Quizá porque resulta mucho más sencillo esquivar el problema que buscar soluciones equilibradas. Pero los problemas no desaparecen por dejar de nombrarlos.

Lo verdaderamente relevante de las palabras de Feijóo no es tanto la propuesta concreta como el hecho de haber abierto una conversación que llevaba demasiado tiempo pendiente. Ahora corresponde abandonar los eslóganes y trabajar con datos, rigor y responsabilidad. Habrá que distinguir entre el fraude y la enfermedad, entre el abuso y la protección social, entre la sospecha generalizada y los controles eficaces.

Porque el objetivo no debería ser enfrentar a empresarios y trabajadores, sino garantizar que un sistema pensado para proteger a quien lo necesita no termine siendo también una fuente de inseguridad para quien genera riqueza y empleo. Ese equilibrio, difícil pero imprescindible, es el que España necesita encontrar. Y ese es, precisamente, el debate que nunca debió permanecer cerrado.