El proyecto para levantar un gran centro de datos en Monfarracinos llega a las Cortes de Castilla y León con una batería de preguntas del PSOE. Los procuradores socialistas por Zamora quieren que la Junta detalle las características de una infraestructura que, por sus dimensiones, consideran estratégica para la provincia, pero que también plantea interrogantes sobre sus efectos ambientales, energéticos y de seguridad. La iniciativa parlamentaria parte de una premisa: Zamora necesita inversiones, empleo e industria, pero una actuación de esta magnitud debe contar, a juicio de los socialistas, con información pública suficiente y garantías para los municipios y vecinos del entorno.

El denominado 'Data Center Hiperescalar IA Zamora' contempla cinco edificios destinados a albergar servidores y una demanda máxima declarada de 300 MW. Sin embargo, el complejo incluye además un importante despliegue energético que ha centrado buena parte de las preguntas formuladas por el procurador Iñaki Gómez.

El proyecto prevé 24 motores de gas de combustible dual, con una potencia térmica conjunta superior a 1.160 MW y cerca de 550 MW de potencia eléctrica instalada. A ello se suman 24 chimeneas de 30 metros de altura, generadores diésel de emergencia, sistemas de almacenamiento electroquímico de energía, depósitos de combustible, infraestructuras eléctricas de alta tensión y una instalación fotovoltaica.

Emisiones, ruido y agua, entre las principales dudas

Uno de los objetivos de la iniciativa socialista es conocer cómo afectará el funcionamiento del complejo a las localidades más próximas. En concreto, el PSOE quiere que la Junta explique qué evaluaciones se han realizado sobre calidad del aire, emisiones, ruido, consumo de agua y seguridad industrial.

La preocupación aumenta, según los socialistas, por la posibilidad de que varios de los motores funcionen simultáneamente durante la noche y por la cercanía del proyecto a determinadas viviendas de Monfarracinos y su entorno.

Gómez pregunta por las sustancias contaminantes que podrían generar los motores y las instalaciones auxiliares, así como por los sistemas que se utilizarán para controlar esas emisiones durante la explotación.

También quiere saber si se prevé instalar sistemas de medición continua de la calidad del aire en las proximidades del complejo y qué mecanismos de seguimiento se exigirán una vez entre en funcionamiento.

La seguridad constituye otro de los capítulos sobre los que el PSOE reclama explicaciones. La combinación de motores de gas, almacenamiento energético, grupos electrógenos y depósitos de combustible lleva a los socialistas a preguntar por los riesgos asociados y por los planes de prevención, emergencia y actuación ante posibles accidentes.

¿Quién está detrás del proyecto?

Más allá de las características técnicas, la formación socialista quiere conocer también la estructura empresarial que se encuentra detrás de la futura infraestructura.

Por ello, pregunta a la Junta qué empresas promueven o participan en cada una de las instalaciones, qué vínculos existen entre ellas y quién asumirá finalmente las responsabilidades relacionadas con la construcción, explotación, seguridad y cumplimiento de las obligaciones ambientales. El PSOE considera que los vecinos deben poder identificar a los responsables de cada parte del proyecto y conocer qué controles estarán obligados a cumplir.

La inversión y el empleo que pueda generar el centro de datos constituyen otro de los asuntos planteados en las Cortes. Para Iñaki Gómez, la llegada de una infraestructura tecnológica de estas dimensiones solo tendrá sentido para la provincia si parte de la riqueza generada permanece en Zamora.

Los socialistas quieren conocer la inversión total prevista, las estimaciones de empleo directo e indirecto y el retorno económico que tendrá el proyecto para la provincia.

La formación reclama además que se concreten medidas destinadas a conseguir un impacto industrial y laboral más amplio. Su posición es que Castilla y León no debe limitarse a aportar territorio, agua y energía, sino que una instalación de esta escala debería traducirse también en actividad empresarial, puestos de trabajo y oportunidades para la población local.

El PSOE pide finalmente que la Junta garantice información y participación de los vecinos de Monfarracinos y de los municipios afectados antes de que se concedan las autorizaciones definitivas, de modo que la población pueda conocer con claridad qué se pretende construir, qué efectos puede generar y qué medidas se adoptarán para minimizarlos.