El Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Zamora ha presentado una moción conjunta en la que pide a la Junta de Castilla y León que la tramitación del centro de datos proyectado en Monfarracinos no sea declarada Proyecto Regional.

La moción será trasladada el resto de grupo para que se sumen a ella y pueda ser aprobada en el próximo Pleno por unanimidad. De esta manera se reclama a la Administración Autonómica una explicación de manera integral del impacto territorial, ambiental, económico y social de este macroproyecto. Igualmente, se reclama transparencia, estudios detallados de empleo real, y la protección de los recursos hídricos, energéticos y agrícolas de la provincia.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha comparecido este lunes junto con el concejal de Promoción Económica David Gago y el concejal de Hacienda Diego Bernardo, y ha explicado que las alegaciones relativas a este centro de datos se dividen en dos vías: Las vinculadas a la licencia ambiental, cuyo plazo ha finalizado y tienen un carácter predominantemente técnico; y las centradas en la declaración como Proyecto Regional, que aún se encuentran en plazo.

El regidor zamorano ha matizado que no se muestran contrarios a la implantación de centros de datos en general, sino al carácter hiperescalar de este proyecto en concreto. El proyecto cuenta con "unas dimensiones desproporcionadas" para la zona, según ha señalado Guarido, ya que ocuparía el 10% del territorio agrícola de Aspariegos, Villalube, Monfarracinos, Molacillos y Benegiles, además de 24 instalaciones térmicas con chimeneas de 30 metros. Se trata, como se ha apuntado en el Consistorio, de "un modelo sobredimensionado que podría haberse planteado con una escala mucho menor, en sintonía con otros existentes en España".

"Incumplimiento"

Según se ha indicado en la institución local, la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León exige que, para declarar un proyecto como regional, se justifique de manera clara qué beneficio aporta a la sociedad, a la economía y al desarrollo de la comunidad autónoma, algo que "no queda acreditado de forma suficiente", con lo que se entiende hay un "incumplimiento" de la ley.

Guarido critica que la Junta confunda el interés comercial de un promotor privado con el interés general de la ciudadanía. Señala, también, como motivos de preocupación, por un lado, el impacto en los recursos naturales y económicos que tendrá el proyecto, "que compromete de forma irreversible recursos hídricos masivos, suelo agrícola y el desarrollo sostenible de una provincia eminentemente rural".

La moción advierte sobre el elevado consumo de agua y energía, así como del incremento del ruido y del tráfico pesado en los municipios afectados. Se denuncia, además, que las instalaciones declaradas como proyecto regional eluden el pago de impuestos municipales como el Impuesto de Construcciones (ICIO), lo que priva a los ayuntamientos de ingresos que se han estimado en unos 200 millones de euros. Y también están las dudas sobre la cifra real de empleos locales estables que se generarán frente a los puestos de teletrabajo o de carácter temporal.

La moción sobre el centro de datos del municipio anejo de Monfarracinos se defenderá en Pleno Municipal junto con la relativa a la residencia de los Tres Árboles.

Los acuerdos que incluye contemplan, primero, instar a la Junta de Castilla y León a no aprobar ni dar por buena la tramitación del centro de datos como Proyecto Regional al "no haberse acreditado de forma suficiente su necesidad e interés general excepcional".

Igualmente, solicitar que cualquier desarrollo del proyecto se tramite mediante los procedimientos ordinarios y legales aplicables, y exigir una evaluación ambiental integral y acumulativa que incluya el consumo de agua, energía, emisiones, ruido, riesgos industriales y la afección conjunta sobre todos los municipios de la comarca.

Piden, además, "la publicación de previsiones verificables y desglosadas sobre empleo temporal y permanente, contratación local, salarios e ingresos públicos vinculados y, por último, garantizar transparencia plena y acceso público a toda la documentación técnica y ambiental del proyecto".