Archivada la querella contra el presidente de la Diputación de Zamora por los terrenos de Barcial del Barco
La resolución judicial considera que los hechos ya fueron objeto de una causa penal anterior, archivada provisionalmente, resolución confirmada por la Audiencia
La querella contra el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, por los terrenos de Barcial del Barco ha sido archivada. El Tribunal de Instancia de Zamora ha acordado el archivo del procedimiento iniciado a raíz de la querella presentada por Vicente Merino en relación con el destino de esos terrenos.
El auto, fechado el 9 de noviembre de 2026, "considera que los hechos denunciados ya habían sido objeto de una causa penal anterior, que fue archivada provisionalmente y cuya resolución confirmó la Audiencia Provincial de Zamora", según se ha explicado desde Diputación. La magistrada ha acordado el archivo del nuevo procedimiento y deja sin efecto las diligencias de investigación que se habían acordado, según indican.
Desde Diputación se asegura que, al margen de esta resolución judicial, mantiene su voluntad de dar una salida a estos terrenos mediante un procedimiento que permita su puesta a disposición de una empresa o proyecto industrial vinculado a la bioenergía, "con el objetivo de generar actividad económica, riqueza y empleo en esta zona de la provincia".
La institución provincial tiene la potestad de revertir los terrenos en los que estaba prevista la construcción de la biorrefinería, actualmente de titularidad de la Diputación. Sin embargo, opta por no ejercer tal derecho, "precisamente para facilitar la posible implantación de un nuevo proyecto industrial que permita aprovechar estos terrenos y contribuir al desarrollo económico de la provincia".
Desde la Diputación se recuerda que contrató una consultoría externa "de reconocido prestigio" con el cometido de asesorar a la institución sobre el procedimiento de licitación que debe seguirse y elaborar la documentación administrativa necesaria para llevarlo a cabo en coordinación con los servicios jurídicos de la Diputación. Eso, "con el propósito de garantizar un procedimiento plenamente ajustado a la legalidad, transparente e igualitario, que salvaguarde los intereses de la institución provincial y del conjunto de la provincia".








