El sindicato CCOO exigió este martes la dimisión de los consejeros de Medio y Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, por la "inacción, incapacidad y falta de gestión" del operativo de incendios, el "continuado incumplimiento" de la ley de prevención de riesgos laborales y la "falta de actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en sector forestal, situaciones que, junto a unas condiciones climáticas que son difíciles de afrontar y sobre las que no se puede pedir responsabilidades a nadie", han causado, esgrimió el sindicato, los trágicos incendios de este verano.

El coordinador del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Carlos Hernández, lamentó las pérdidas humanas en los incendios y mostró su apoyo a los trabajadores, antes de incidir en las "responsabilidades" de los "máximos responsables en la Junta de la acción contra el fuego", momento en el que mencionó a Suárez-Quiñones, "desaparecido tras soltar la maravilla de que 'come todos los días'". "Si no se le ve en las duras que se vaya; lleva diez años al frente del operativo, y si no funciona, es culpa suya", comentó Hernández, quien le invitó a "llevarse de la mano al director de Política Forestal, José Ángel Arranz, que lleva 20 años".

Igualmente, extendió esta petición al consejero de la Presidencia, por el "continuado incumplimiento" de la ley de prevención de riesgos laborales y la falta de actualización del convenio y de RPT. "Les tiene que reconocer el trabajo a 12 meses y unas funciones a mayores que están recogidas en el convenio. Dos años después seguimos sin cumplirlo", denunció.

A su juicio, este "desastre de gestión no se centra únicamente en Medio Ambiente", y puso como ejemplo el caso de Ávila, donde el 13 de agosto "se autorizaron los trámites para acudir al Ecyl para contratar a 14 personas de intervención directa en el operativo". "Como las bolsas están agotadas desde hace tiempo tienen que acudir a este sistema de emergencia. Se han dado cuenta el 13 de agosto que les hacía falta 14 puestos de primer nivel, y llamarán a personas sin conocimiento en la materia o que habrán superado un curso de formación. Esto incrementa aún más los riesgos sobre la salud que se derivan en un incendio", advirtió.

En este sentido, defendió un "operativo público al cien al cien, dispuesto todo el año para extinción y prevención"; y pronosticó que con las elecciones autonómicas en 2026, "todos los políticos hablarán de fijar población en el medio rural, pero si no hay trabajo…" "La Junta tiene una herramienta buena para ello: dar empleo forestal, arraigado al territorio", argumentó, para concluir que CCOO no acudirá como organización a la manifestación de mañana en Valladolid para pedir responsabilidades por los incendios, "pero comparte todos los argumentos que se dan para convocar a la ciudadanía".

4.700 trabajadores "ninguneados"

Por su parte, el responsable de Medioambiente del sindicato, José Ramón Jiménez, señaló que "lo que está pasando es terrible". Si bien relacionó "una parte directamente con condiciones climáticas que son difíciles de afrontar y sobre el que no se puede pedir responsabilidades a nadie", achacó otra parte a un "funcionamiento adecuado" del operativo, el cual la Consejería de Medio Ambiente "no se ha tomado en serio en los últimos 20 años". Se refirió a los 4.700 trabajadores del mismo que competen a la Junta, "de los que presume el consejero, pero que están sistemáticamente ninguneados y maltratados".

"Ahora escuchamos al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que quiere al Ejército, pero ¿quién lo va a organizar? Primero cuida lo que tienes en casa. Se les ningunea en este operativo concreto y parece que lo único que existe es la UME y la Guardia Civil, pero lo que pasa en los incendios y no se ve lo que hacen lo protagonizan esos 4.700 trabajadores, fuera del alcance de periodistas e imágenes. No existen para nadie", apuntó, en lo que calificó como un "apagón informativo brutal" por parte del Gobierno autonómico.

Así, puso como ejemplo un episodio este lunes en el incendio forestal de Porto, en Zamora, en el que estuvo a punto de ocurrir una desgracia cuando se acercaba al Lago de Sanabria. "Hubo una actuación realmente compleja, difícil y peligrosísima. Intentaron dar un fuego técnico para que no llegara a Vigo de Sanabria, pero se vieron bloqueados entre las llamas y tuvieron que resguardarse en una zona sin vegetación. Esto va a ser invisible. No pasa nada más porque Dios no quiere. En esas condiciones trabajan", puntualizó.

Por cuestiones de este tipo, recordó que en 2022, CCOO llevó a la Fiscalía al consejero y a José Ángel Arranz, porque es "gravísimo", pero "ahora es la continuidad de aquello, con carencias de medios humanos y organizativos". A su juicio, Suárez-Quiñones "ha tenido el indulto de dos veranos buenos en 2023 y 2024". "Estamos hartos de llevar a los juzgados a la Junta por incumplimientos de la legislación. Todo el día peleando…", justificó.

También, insistió en que esta parte del operativo "está desaparecida, no existe, la Junta no la defiende, no dice nada, y ahora pide el Ejército", para añadir que cuando CCOO ha solicitado la evaluación de riesgos laborales, "la Junta niega la mayor", ya que "se dan casos de jornadas de 20 horas diarias" y requerimientos de la Inspección de Trabajo, denunciadas "hace años". Igualmente, apuntó que en un incendio los trabajadores "se comen humo y hollín" y alertó de la alta probabilidad de cáncer de próstata entre los bomberos, situaciones que la Junta "no quiere evaluar ni tiene ninguna voluntad de aplicar la ley de Bomberos, sino que lo único que quiere es privatizar, en condiciones en las que se pueda librar".

Jiménez reiteró que estas denuncias "están cargadas de razones" porque el operativo es una "porquería a todos los niveles", con las "peores condiciones laborales de España". "En cuanto se forman los nuevos, se van", matizó el delegado sindical, quien recordó que los acuerdos del Diálogo Social suscritos en septiembre de 2022 se firmaron "con el espíritu de partida de mejora del operativo, después de los fuegos de la Sierra de la Culebra". "Ahora mismo, echando la mirada atrás, la Junta ha arrimado el ascua a su sardina. Hay grados de incumplimiento muy importante, algunos deliberadamente. No hay marco legal al que se comprometió. Todavía seguimos sin saber cómo va a ordenar el operativo, porque la base actual es un decreto de 2004. Los compromisos de estabilidad laboral los sigue sin cumplir, los 12 meses de trabajo y estabilidad y empleo", criticó.

Además, dijo, los puestos de vigilancia "se los quieren cargan indisimuladamente", en un acuerdo que "debía ser la base para un operativo público, pero en el que que ha incrementado la parte privada y a los trabajadores públicos los ha maltratado; sin decreto de guardia de incendios, sin calendario en algunas provincias, colapso entre el personal".

Precariedad en los CPM

Otro de los que abordaron la situación fue el delegado de CCOO y miembro del operativo de incendios en Zamora Abel Fernández, quien puso el foco en los nueve centros provinciales de mando y el autonómico, que se encuentra en Valladolid. Al respecto, compartió la visión de sus compañeros para denunciar al consejero de la Presidencia por la "precariedad" con la que se trabaja en estos espacios. Actualmente hay 60 operadores de mando, "algunos con plaza fija y otros interinos", un puesto de trabajo para el que "no se exige un nivel académico alto ni FP". Y reprochó que solo se han convocado 51 plazas, con lo que la "saturación de trabajo será mayor, porque no es solo incendios, sino fauna y otros temas". "No son puestos atractivos y están condenados a la interinidad y empleo temporal", comentó.

Fernández amplió que hay 40 técnicos de centros de mando que "a los tres años se van a la calle", al que ocurrirá en mayo de 2026, cuando llegarán otros "40 nuevos ingenieros que quizás no hayan trabajado nunca en incendios".

Por otro lado, consideró que "no es adecuado declarar un nivel 3" en España en estos momentos y apostó por que las comunidades "cuenten con más medios y un operativo mejor". "El Estado no tiene capacidades con sus medios de extinción. Como mucho puede mandar al Ejército, a pie. No estoy de acuerdo con demandar una competencia propia al Estado porque no hay capacidad organizativa. Cuando se creó la UME, su rendimiento no era para nada como ahora", dijo. Por último, rechazó responsabilidades en la Junta o en un director de Extinción por el fallecimiento de un operario de autobomba en el incendio de Llamas de la Cabrera, porque parece que el fallo fue por el terreno.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Industria de CCOO Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, que representa a trabajadores de cuadrillas privadas, explicó que en el operativo hay en torno a 1.100 empleos, con 30 empresas. Según la patronal ha sufrido una reducción del 86 por ciento desde 2009 a 2022. Al respecto, denunció que las empresas "tienen que lavar la ropa porque tiene elementos cancerígenos, pero no lo hacen; no tienen categoría de bombero forestal, salarios de SMI, jornadas muy altas, 111 cuadrillas ELIF, romeo y november". "Hasta que la Junta no entienda que la prevención no es gasto sino inversión, que ahorra coste en reacción y sufrimiento de la gente, no habremos avanzado nada. Esto no puede volver a pasar", dijo; y recordó que en 2024, "PP y Vox tumbaron en las Cortes la posibilidad de aprobar la categoría de bombero forestal".

Para concluir, el secretario de Negociación Colectiva, Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Hábitat de CCOO Castilla y León, Óscar Ferrero, indicó que se contabilizan 1.100 operarios de Tragsa en la Comunidad, y mostró una foto "de antes de ayer del sandwich que les dieron, para alimentarse desde las 5 de la mañana a las 5 de la tarde". "Y los que prorrogaron jornadas, unas aceitunas y pan".

Lamentó que están en jornadas de más de 12 horas, "les tienen desbrozando y luego van a apagar el incendio". "El tema organizativo es una mierda", exclamó Ferrero, quien sostuvo que las condiciones económicas "son un poquito diferentes a la empresa privada, alrededor de 1.230 euros a percibir en jornadas tediosas, donde descansas en pabellones que comparten con niños de los pueblos, en los que intentan descansar, en muchas ocasiones sin aseo".