La Junta de Castilla y León ha declarado una plaga del insecto perforador Ips sexdntantus en un centenar municipios de la provincia de Zamora. La proliferación se vincula con los incendios que arrasaron más de 60.000 hectáreas de terreno en la Sierra de la Culebra y otros puntos de la provincia en 2022

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha emitido una orden publicada este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León por la que declara oficialmente la plaga y adopta medidas fitosanitarias para su control, según recoge EFE.

La declaración se produce tras constatarse a lo largo de este año el incremento progresivo de esa especie de escarabajo que puede desarrollar hasta cinco generaciones al año y que poseen una capacidad reproductora que multiplica por veinte el número de individuos cada generación.

El pasado verano se detectaron numerosos focos de ese insecto, que está considerado el perforador más peligroso, ya que puede causar "perjuicios económicos y ecológicos muy serios".

La madera de coníferas afectada por los incendios, junto a los episodios de sequía extrema y continuada y los golpes de calor reiterados provocaron un estrés hídrico en la vegetación que ha favorecido la plaga.

Entre las medidas adoptadas en 106 municipios zamoranos, en su mayoría del noroeste que coinciden con la reserva de la Sierra de la Culebra y zonas próximas, figura la obligación de los gestores y titulares de pinares de tratar "de inmediato los focos afectados por Ips sedentatus mediante la corta y eliminación de restos de corta mayores de ocho centímetros de diámetro".

Un tratamiento que, de no hacer caso los titulares de los montes, lo realizará subsidiariamente la Consejería de Medio Ambiente.

A los propietarios de pinares se les obliga, además, a tomar medidas de control si observan la presencia de estos insectos y a comunicárselo a Medio Ambiente.

Se prohíbe en los pinares de las zonas afectadas, entre el 1 de marzo y el 15 de noviembre de cada año, la permanencia de madera cortada o restos de poda de más de ocho centímetros de diámetro sin descortezar por un periodo de más de dos semanas.

En ese periodo, también se prohibirán la realización de podas, clareos y claras sin autorización, con sanciones en arreglo a la Ley de Montes de Castilla y León para quienes incumplan estas medidas, según EFE.