La Comunidad de Castilla y León se situó en 2023 como la autonomía con la tasa más baja de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con el 52,2, una cifra que se calculó en 79,4 en el ámbito nacional, seis puntos y medio más alta que en 2022. Así lo reflejan los datos anuales correspondientes a 2023, que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos este miércoles.

Por encima de la media nacional en la tasa se situaron Baleares, con una ratio de 124,8; Murcia, con 114,5; Comunidad Valenciana, con 106,5; Canarias, con 102,1; Andalucía y Navarra, con 88,8; y Madrid, con 80,9.

Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 52,5 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77.

En España, durante 2023 el número de denuncias y el de mujeres víctimas de la violencia de género volvieron a aumentar con respecto al año anterior, como viene ocurriendo de forma continuada desde 2013, con la única salvedad del año 2020, en el que la situación de las víctimas de la violencia de género estuvo condicionada por la crisis sanitaria del Covid. A lo largo del pasado año, se registraron cada día un total de 546 denuncias y hubo 533 mujeres víctimas de estos delitos en el país, cifras que se sitúan por encima de la media diaria registrada en el ejercicio anterior (499 y 483, respectivamente).

Según los datos anuales correspondientes a 2023, los órganos judiciales recibieron 199.282 denuncias por violencia de género, un 9,46 % más que en 2022, año en el que se registraron 182.065; en cuanto a las mujeres víctimas, fueron 194.658, un 10,30 % más que el año anterior, con 176.483.

La suma de las órdenes de protección acordadas el pasado año ascendió a 35.551, un 8,24 % más que en 2022, mientras que las sentencias dictadas fueron 60.172, un 5,4 % más. El 80,64 % de esas resoluciones contenían un fallo condenatorio, lo que marca un nuevo máximo anual en la serie histórica.

Un año más, siete de cada diez denuncias (70,93 %) fueron presentadas por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 1,82 por ciento del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,89 %; las originadas por partes de lesiones, el 7,94% y las presentadas por terceras personas, el 3,43 por ciento.