La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont al manifestar que "no se emplearon fondos europeos" ni hubo enriquecimiento personal, como sostiene el juez Pablo Llarena.

Lo ha hecho en una vista pública para revisar los recursos del expresident y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión de Llarena que rechazó perdonarles el delito de malversación y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. A esta tesis se han sumado también la Abogacía del Estado y los letrados de los procesados, recoge EFE.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido estimar los recursos. En su opinión, "decir que los actos fueron conducidos a obtener un beneficio patrimonial es cuando menos sorprendente" porque "nadie dijo que fuera encaminado" a ello.

Además, en contra del criterio del juez y de la Sala, "no han sido empleados fondos europeos de la UE" y "no se ha producido merma alguna en el presupuesto europeo", que era otro de los argumentos para no aplicar la amnistía a los líderes del proces, ya que "los fondos pertenecían exclusivamente a la Generalitat y esto está acreditado".