También reclaman, por segunda vez, una reunión para abordar la problemática, ante "el riesgo de contaminación" y el "deterioro de la imagen de la comarca"
Los 22 municipios de Zamora en los que se construirán 161 inmuebles con el plan de vivienda pública rural
La Diputación y Somacyl presentan la distribución inicial del programa promovido por ambas instituciones en colaboración con ayuntamientos
Presentación de la distribución del Plan de Vivienda Pública en el Medio Rural en Zamora
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El Plan de Vivienda Pública en el Medio Rural se ha ampliado a 161 viviendas en la provincia de Zamora, frente a las cien previstas inicialmente. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), José Manuel Jiménez, han informado hoy de la distribución inicial del Programa de Vivienda de Pública en el medio rural promovido por ambas instituciones en colaboración con los ayuntamientos de la provincia.
Se han admitido las solicitudes de 22 ayuntamientos que inicialmente cumplen con los requisitos exigidos en el Programa. Así, se construirán siete viviendas en Alcañices; 20 en Benavente; cuatro en Benegiles; 10 en Castrogonzalo; dos en Castroverde de Campos; 14 en Coreses; cinco en El Perdigón; 12 en Fermoselle, 2 en Fonfría (Brandilanes); cinco en Fuentes de Ropel; una en La Hiniesta; 7 en Manganeses de la Polvorosa; 6 en Montamarta; 12 en Moraleja del Vino; 14 en Morales del Vino; 14 en Puebla de Sanabria; dos en Venialbo; cinco en Villalpando; ocho en San Cristóbal de Entreviñas; dos en Santibáñez de Vidriales; seis en Torres del Carrizal; y tres en Villalazán.
El Programa prevé la construcción de 1.000 viviendas en las nueve provincias de Castilla y León. Las viviendas están destinadas a cualquier persona interesada, pero solo los menores de 36 años tendrán una bonificación del 10% del precio de adquisición de la vivienda por parte de la Diputación y otro 10% por parte de la Junta de Castilla y León, mientras el 80% restante será financiado mediante una hipoteca garantizada por una entidad bancaria colaboradora.
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