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Tres millones de euros para la depuración de aguas residuales en pueblos Zamora en tres años
El presidente de la Diputación destaca la colaboración con Junta y ayuntamientos "frente a cero euros que aporta el Gobierno de España" y las sanciones de la CHD
El Pleno de la Diputación de Zamora ha aprobado hoy el convenio tipo para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de menos de 500 habitantes equivalentes, destinadas a la depuración de aguas residuales. La institución provincial destinará 1,2 millones de euros para el periodo 2025-2027: 415.000 euros en 2025, 400.000 euros en 2026, y 384.997 euros en 2027.
Los ayuntamientos pueden adherirse a este convenio voluntariamente. La Diputación aporta el 40% de la financiación de estas actuaciones, otro 40% la Junta de Castilla y León, y el 20% restante los ayuntamientos firmantes, para alcanzar una inversión total de 3 millones de euros en este periodo de tiempo.
Eso, "frente a los cero euros que aporta el Gobierno de España que exclusivamente se dedica a imponer sanciones a través de la Confederación Hidrográfica del Duero", ha apuntado el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez.
El acuerdo es ampliable a más municipios e inicialmente contempla actuaciones en El Pego, Malva, Micereces de Tera, Villanueva de Azoague, Gallegos del Río, Pobladura del Valle, Santibáñez de Tera, Madridanos y Valdescorriel.
Con una inversión total de 3,5 millones de euros, de los que la Diputación aporta 1,4 millones, se encuentran actualmente en distintas fases de ejecución 16 depuradoras en la provincia de Zamora. Concretamente en Aspariegos, Cañizo, Pobladura de Aliste, Mayalde, Moraleja de Sayago, Santa Clara de Avedillo, Villalobos, Brime de Uz, dos en Trefacio, Riego del Camino, Pozoantiguo, San Cebrián de Castro, Algodre, Madridanos, Entrala y El Cubo de Tierra del Vino.
Faúndez ha destacado que, en 2027, a la conclusión de los seis años en los que se ejecutará este convenio, se habrán destinado más de 6,5 millones de euros a la depuración de aguas residuales en poblaciones de menos de 500 habitantes equivalentes, gracias a la colaboración institucional entre la Diputación, la Junta de Castilla y los ayuntamientos de la provincia adheridos.
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