La Junta de Castilla y León, mediante su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha reafirmado su compromiso para acelerar el desembolso de las subvenciones destinadas a la rehabilitación energética de edificios. Estas ayudas benefician a las comunidades de vecinos que se acogieron a la convocatoria regulada por el Real Decreto de 2020.

Durante su intervención en el pleno de las Cortes, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, Carriedo recordó que dicho decreto es "de ámbito nacional" y "de difícil aplicación" debido a su financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno, que, según él, "introduce menos flexibilidad y más burocracia".

A pesar de ello, Carriedo destacó la eficiencia de la Junta en la convocatoria autonómica y en la concesión de las ayudas, "tal y como exigía la Unión Europea". Reconoció que se encuentran "en fase de pago" y prometió "establecer los mecanismos posibles para agilizarlo".

El portavoz de la Junta enfatizó que "Castilla y León cumple con el objetivo de alcanzar el 30 por ciento de la reducción del consumo energético", superándolo con cerca del 60 por ciento, lo que la convierte en la cuarta comunidad "con más nivel de eficiencia". Ahora, esperan situarse "entre los mejores en términos de ejecución presupuestaria".

No obstante, el procurador socialista Luis Briones consideró insuficiente la respuesta de Carriedo, argumentando que las explicaciones "no sirven a los vecinos en situación de impago, que alcanzan cientos de miles de euros" en las comunidades afectadas de Castilla y León, quienes aún esperan la subvención solicitada en 2021 y concedida en 2022.

Briones criticó duramente la gestión de la Junta, calificándola de "negligencia, ineptitud y mala gestión", tras acusarla de "seguir siendo morosos con estos ciudadanos", al haber transcurrido cinco años desde la convocatoria y tres desde la concesión. Sus palabras fueron descritas como "excusas de mal pagador".