El Gobierno ha confirmado que el nuevo mapa de concesiones del transporte interurbano de viajeros en autobús se incluirá en la ley de movilidad sostenible, actualmente en tramitación parlamentaria. Esta reforma busca modernizar un sistema anclado en concesiones caducadas -algunas desde hace más de 50 años- y mejorar la eficiencia, cobertura y financiación del transporte por carretera, sin perder ninguna de las 4.146 paradas actuales.

Según fuentes gubernamentales citadas por EFE, se establecerá un modelo mixto: las comunidades autónomas podrán asumir las rutas dentro de su territorio con financiación estatal, o dejarlas en manos del Estado, pero sin recibir fondos. En ambos casos, se garantiza que no se eliminará ninguna parada del mapa vigente.

FINANCIACIÓN

Para las comunidades que opten por asumir el control de los servicios en su territorio, se ofrecerá una fórmula de financiación basada en costes medios por viajero-kilómetro y por vehículo-kilómetro, ajustados por densidad y distribución poblacional. Los fondos deberán destinarse exclusivamente al transporte público que previamente cubría el Estado.

En caso de rechazo, será el propio Estado quien siga prestando los servicios como hasta ahora, aunque sin transferir financiación a la comunidad correspondiente. Esta medida busca incentivar el pacto autonómico, pero garantiza la continuidad del servicio a los ciudadanos.

El texto legal prevé que el nuevo mapa esté aprobado en un plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la ley, y que todas las nuevas concesiones estén licitadas en los dos años posteriores.

CONECTIVIDAD

El nuevo mapa, diseñado inicialmente por la consultora pública Ineco, busca mejorar la eficiencia sin sacrificar la cobertura. Aunque se propone reducir las concesiones de 77 a 22, se garantiza la cobertura en zonas rurales y sin transporte alternativo. Las paradas intermedias deberán facilitar la conectividad intermodal, enlazando con puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y otros nodos clave del sistema.

El objetivo es reorganizar la red para adaptarla a las necesidades reales de movilidad, con criterios claros, técnicos y con visión de futuro.

SECTOR ATOMIZADO

El transporte interurbano por autobús es un sector compuesto por unas 2.800 empresas, muchas de ellas pequeñas, y que emplea directamente a 95.000 personas. En 2022 transportó 23,3 millones de viajeros, con una media de 187 kilómetros por trayecto.

Actualmente, las rutas se adjudican por concurso público en régimen de monopolio, lo que divide al sector. El Gobierno y la patronal Confebus apuestan por mantener este modelo de licitación "por el mercado", mientras que la CNMC y asociaciones como Direbus o Anetra defienden una liberalización plena "en el mercado", donde las empresas compitan directamente por atraer viajeros sin necesidad de concesión exclusiva.

La reforma que plantea el Ejecutivo intenta equilibrar eficiencia, cobertura territorial y control público, en un contexto en el que la movilidad sostenible y la cohesión social son objetivos prioritarios.