El último enfrentamiento entre Ryanair y Aena ha vuelto a poner bajo los focos a los aeropuertos regionales de Castilla y León. La aerolínea irlandesa acusa al gestor público de aplicar unas tasas "excesivas" y amenaza con recortar vuelos en varios aeropuertos españoles. Aena, por su parte, ha respondido con firmeza, denunciando lo que califica de "chantaje" y "estrategia de extorsión infumable".

Más allá del cruce de declaraciones, el episodio reabre un debate que en nuestra Comunidad nunca termina de cerrarse: ¿tiene sentido mantener cuatro aeropuertos en Valladolid, Salamanca, León y Burgos cuando la actividad real de la mayoría de ellos es mínima?

Los datos son contundentes. En la primera mitad de 2025, Valladolid sumó poco más de 116.000 pasajeros, León rozó los 32.000, Salamanca apenas superó los 10.000 y Burgos no alcanzó los 2.000. Cifras modestas que contrastan con la realidad de otras regiones próximas: Asturias ha quintuplicado su tráfico en la última década y Cantabria lo ha triplicado, consolidándose como nodos de referencia en el noroeste de España.

La disparidad dentro de Castilla y León es evidente. Valladolid concentra la mayor parte del tráfico, aunque este depende en buena medida de Ryanair. León y Salamanca sobreviven gracias a contados vuelos regulares y algunos chárter estacionales. Burgos, directamente, se mantiene con cifras testimoniales. La consecuencia es clara: una red sobredimensionada que, lejos de generar oportunidades, se convierte en un lastre económico para las arcas públicas.

El coste de mantener cuatro infraestructuras aeroportuarias abiertas va más allá del debate contable. Supone también una distorsión en la política de movilidad regional. ¿Tiene sentido dispersar recursos en pistas casi vacías en lugar de concentrarlos en reforzar un modelo de transporte más útil y sostenible? La intermodalidad ferroviaria, el refuerzo de las conexiones por carretera o la potenciación de un único aeropuerto central con garantías de futuro parecen caminos más racionales que prolongar una ficción costosa.

El pulso de Ryanair añade otro ingrediente incómodo. La dependencia de una sola compañía, que utiliza su posición para presionar en busca de rebajas, coloca a nuestros aeropuertos en una situación de vulnerabilidad. Castilla y León necesita vuelos, pero no a cualquier precio. No se puede sostener un modelo basado en las exigencias de una aerolínea que, cuando no obtiene lo que quiere, amenaza con marcharse.

La discusión, en el fondo, es política y estratégica. O seguimos sosteniendo infraestructuras vacías, con la esperanza de que algún día despeguen, o asumimos una planificación valiente, transparente y ajustada a la realidad. Una planificación que defienda la conectividad de los ciudadanos y empresas de la Comunidad, pero sin hipotecar recursos públicos en proyectos que no terminan de volar.

La pregunta es clara y urgente: ¿queremos aeropuertos como símbolo o como servicio real? Castilla y León merece una respuesta seria, más allá de los chantajes y las inercias.