La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando si la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso recibieron supuestas mordidas a cambio de mediar en contratos públicos relacionados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Entre los casos bajo investigación se encuentran el rescate de la empresa Tubos Reunidos y la adjudicación de un contrato público de Mercasa, operaciones que, según fuentes cercanas a la investigación y adelantadas por la Cadena Ser, habrían generado comisiones por un total de 750.000 euros entre 2021 y 2023.

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y actualmente se encuentra bajo secreto sumarial.

El pasado miércoles, la UCO detuvo a Díez, Fernández y Alonso, quienes quedaron en libertad provisional el sábado, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.

Durante la investigación, la Guardia Civil solicitó información a diversas dependencias públicas, como la SEPI y Correos, y realizó un registro en la sede de Enusa.

Entre las operaciones investigadas destacan:

• Rescate de Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros, con una supuesta comisión de 114.950 euros.
• Contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias para la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones, con presunta comisión de 400.000 euros.
• Ayuda de SEPIDES a Arapellet (empresa dependiente de Forestalia) por 17,32 millones, con comisión de 200.000 euros.
• Un contrato menor de Mercasa por 18.119,75 euros, adjudicado a Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso y supuestamente al exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, que negó relevancia jurídica del contrato.

Durante la comparecencia ante el juez Antonio Piña, Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que Vicente Fernández negó cualquier irregularidad en la adjudicación de los contratos públicos.

Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa la atención sobre la transparencia en la gestión de contratos públicos y la reincidencia de supuestas prácticas corruptas en el ámbito empresarial y político.